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Sin problemas, incrementan tarifa de transporte público en SLP

capital

En este mes de abril de 2017 subirse a un camión urbano en SLP cuesta 8.50 pesos. Pagarlo con precio preferente de estudiante cuesta la mitad. Lejos están aquellos días (hace más de diez años) en los cuales un estudiante podía abordar el camión pagando menos de dos pesos y la gente en general con menos de tres.

Lo que es frustrante y causa alarma, es que este tipo de aumentos injustos en el precio de los camiones urbanos en la ciudad se han normalizado casi por completo. Una vez que tales aumentos fueron estipulados como ajustes anuales en la propia Ley de Transporte del Estado. Y en consecuencia, las personas que se transportan en los camiones solo pueden sentir impotencia al tener que pagar un precio elevado por un deficiente servicio público de transporte.

Este año las protestas contra el aumento fueron mínimas y marginales. Sin desdeñar a los valiosos pronunciamientos de algunos Consejeros estudiantiles universitarios y protestas organizadas por organizaciones cívicas que siguen de cerca el tema, el malestar por la injusticia en el alza del transporte quedó en una mera y predecible queja general, pero no pasó a la movilización colectiva para por lo menos hacerle al gobierno y a los concesionarios difícil el nuevo ajuste de precios.

Lo anterior puede explicarse porque como siempre, este tipo de maniobras que reajustan y encarecen el precio de las tarifas de los camiones urbanos, se dan en momentos donde los sectores más afectados y susceptibles de movilizarse en protesta, como los estudiantes, se encuentran en las vacaciones de Semana Santa. Esto le permite al gobierno y a los políticos encargados de las políticas de transporte urbano sesionar con mínimas protestas e implementar los aumentos injustos. Son injustos, empero, porque la calidad del servicio no coincide con el precio que se paga por este. Además las incidencias de delitos y accidentes son una constante en el caso de los camiones urbanos en SLP.

Al tomar este tipo de decisiones con un consenso simulado –acorde a denuncias estudiantiles universitarias el Presidente de la FUP ni si quiera se presentó en la sesión– en el Consejo Estatal de Transporte, la autoridad pública que se encarga de acordar los precios, le da un duro golpe a la economía de los trabajadores, pues estos tienen familias que mantener y si no tienen un vehículo particular, ellos y sus hijos solo pueden moverse en camiones con un servicio caro y deficiente. La simulación es aún más evidente cuando el gobierno siempre da el apoyo a los concesionarios quienes alegan sus elevados costos de operación, pero nunca rinden cuentas claras de que mejoran los servicios.

Ante este panorama, lo único que puede decirse es que hasta ahora estos precios injustificados pero que se aprueban, son la muestra de que de forma lamentable la ciudadanía está perdiendo la batalla ante el poder fáctico local que representan los concesionarios camioneros urbanos en SLP. Pues al paso que vamos, tales aumentos se empezaran a ver como “normales” cuando no lo son. Porque son incongruentes con la calidad del servicio y la escasa competencia de los que lo ofertan.

La alternativa para poder cuestionar esta irresponsable e injusta decisión pública en la política de transporte. Es la organización de los usuarios en demandas concretas hacia las autoridades de gobierno que regulan los precios y pactan con los concesionarios. Se puede empezar por exigir desde las colonias y con sus vecinos que usan los camiones, como el caso de aquellas donde el proyecto del Metro Bus causó afectaciones, que se replantee la política de movilidad urbana en la Capital de SLP y su zona metropolitana.

Se puede exigir que si el gobierno va a estar escalonando los aumentos de precio de forma anual al transporte y con ello cause afectaciones, entonces en contrapartida vaya generando un fondo destinado a la construcción de infraestructura de transporte urbano no contaminante y de calidad. Si el actual esquema genera tantas afectaciones en forma de externalidades negativas como accidentes, inseguridad y contaminación, entonces es justificable el cambiarlo por un esquema de trasporte urbano que genere externalidades positivas: es decir, brinde un servicio eficiente, de calidad, seguro y que no contamine. Pero esto solo se puede lograr si los que usan el transporte urbano y lo padecen, se organizan y presionan para que el tema resuene en la agenda pública local.

Mucho le ha preocupado a los últimos tres gobernadores y al actual Gobernador, el atraer la inversión extranjera a SLP, pensando en los intereses de los consorcios que buscan convencer, pero casi ninguno se ha preocupado por generar de forma efectiva y con impactos sociales positivos, mejoras en los servicios públicos para todos los habitantes de la capital de SLP y sus municipios. Bien haría Carreras así como manda sus delegaciones a países europeos para atraer inversión, en mandar a sus funcionarios a observar sistemas de transporte público efectivos en esas mismas ciudades de primer mundo, para al menos generar ideas sobre cómo mejorar este servicio público tan ineficiente en SLP.

En resumen, ya no es problema para los gobernantes y políticos la resistencia que hace algunos años generaba el aumento en las tarifas del transporte urbano en SLP. Eso ha permitido que los aumentos al transporte sean abusivos y perduren. La alternativa a este problema público pasa por la ciudadanía que es afectada por tal decisión injustificable. Si seguimos sin organizarnos, sin involucrarnos en los temas que nos afectan en esta ciudad, que es el espacio en el que vivimos y nos movemos todos los días, seguiremos a la merced de tales decisiones injustas y que nos afectan a todos y nos hacen tener una vida de mala calidad. No quitemos la voz y la protesta respecto a este tema de la agenda pública.

 

Hector Alonso Vázquez
Hector Alonso Vázquez
Politólogo por la UCEM; Candidato a Maestro en Asuntos Politicos y Políticas Públicas, por el COLSAN.