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Carta tatemada
10 Marzo, 2015

Sobre la reasignación de identidad en SLP

Guillermo Luévano Bustamante

D entro de los asuntos pendientes en el campo de los derechos para las personas no heterosexuales en San Luis Potosí se encuentra la aprobación de una iniciativa de reforma de ley que postulamos desde la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP en coadyuvancia de algunas organizaciones de la comunidad local que han trabajado y defendido ese tema.

Hace más de seis meses depositamos en el Congreso del Estado una propuesta para incluir en la legislación civil y procedimental potosina el juicio de reasignación de identidad por concordancia sexo genérica para los casos de personas que quisieran obtener el reconocimiento de su identidad de género cuando no concordara con su sexo biológico. Proceso semejante al que existe en el Distrito Federal, en ese tiempo aún deficiente en cuanto a los requisitos exigidos sobre todo en lo concerniente a la dictaminación médica, que patologiza la identidad y la orientación que no es heterosexual.

La iniciativa fue avalada por organizaciones como Educación y Ciudadanía AC (Educiac), Enfoque de Igualdad AC, Colectivo por la Diversidad Sexual y la Equidad de Género (Codiseg), Colectiva la Castilla Combativa, Red Diversificadores Sociales AC y Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida AC. Pero como era de esperarse en el contexto de la asamblea potosina, cuya comisión legislativa de derechos humanos está encabezada por el diputado panista Miguel Maza que ha sobresalido por su profundo desconocimiento sobre derechos humanos, perspectiva de género, y su poca sensibilidad política sobre esos temas o incluso desprecio por los mismos, según se desprende de sus declaraciones públicas sobre la posición de las mujeres en la sociedad y frente a la justicia, la iniciativa, junto con muchas otras, se encuentra suspendida.

Sin embargo, como en otros temas relevantes relacionados con el ejercicio, promoción y defensa de los derechos humanos, la inexistencia de un ordenamiento normativo no detiene la posibilidad de su exigencia jurídica, política y social. El tránsito de una comprensión estrictamente formal de predominancia de la legalidad hacia una noción que privilegia la sustantividad de los derechos permite litigar estratégicamente las omisiones legislativas y las violaciones que generan contra la población afectada.

Hace un par de semanas interpusimos desde la Clínica de Litigio Estratégico una demanda para la rectificación de acta de nacimiento de una persona que biológicamente nació como mujer, pero que socialmente se conduce como hombre, dentro del sistema binario sexo-género, masculino-femenino, por supuesto. El caso referido es un ejemplo de posible tramitación en el juicio propuesto por la iniciativa de reasignación de identidad. Pero dada la inexistencia de esa figura normativa, recurrimos a la controversia familiar dentro de los cauces que la legalidad positiva permite en San Luis Potosí para sostener el caso mediante una causal para la rectificación de acta de nacimiento que se refiere a la posibilidad de modificar ésta cuando se trate de una adecuación con la realidad social. Pues el caso que nos ocupa busca adecuar el documento jurídico primario de identidad con la realidad social de la persona implicada. Sostenemos además desde la defensa jurídica del caso que el Registro Civil tiene la facultad de modificar el acta de nacimiento en lo concerniente al nombre pero también en lo que llama el “sexo” (la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera en un protocolo relativo a los casos que impliquen orientación sexual que debe denominarse más propiamente “género” y no “sexo”).

La demanda está ya en un juzgado de lo familiar en San Luis Potosí, esperando su tramitación. Confiamos en obtener la reivindicación planteada en breve, por la vía de una sentencia de ese juzgado o de negarse esta por una correspondiente de la justicia federal mediante un amparo. Y de obtener la razón jurídica otra vez habremos demostrado que la omisión legislativa sólo dilata el acceso a la justicia, burocratiza los derechos humanos, pero no impide su defensa.

El Congreso del Estado bien podría entender ya esa posición activa de las y los defensores de derechos humanos, las comisiones legislativas pueden dilatar asuntos que consideran espinosos, pero las organizaciones y las defensorías de derechos recurrimos a estrategias amplias y diversas en las causas que enarbolamos, y de vez en cuando obtenemos victorias pequeñas, pero significativas. Esta lo será.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.