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Carlos López Torres

D iversas y encontradas reacciones ha despertado la detención del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, ya recluido en un penal de Hermosillo, Sonora; aunque según asegura la presidenta del Comité Estatal del PRD, Érika Briones Flores, “el compañero Gallardo tiene nuestra más completa solidaridad y confianza hasta en tanto las autoridades determinen, sin sombra de duda, su situación jurídica definitiva”, dice en su comunicado de prensa.

Mientras, el imaginario popular, especialmente el más favorecido por las políticas asistencialistas del ex edil, pareciera inclinarse por una interpretación político-electoral dada la abierta intención del Pollo de competir como candidato a la gubernatura del estado, aseguran no pocos dirigentes sociales de la zona conurbada, donde el trabajo hormiga de la familia Gallardo era cotidiano.

Para algunos empresarios, como Julio César Galindo Pérez, del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratos de Obras Públicas, el caso es sólo “la punta del iceberg” de la corrupción en la función pública, mientras el dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) sostiene que el hecho de que haya sido el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien puso al descubierto todo lo relacionado con el manejo financiero de Gallardo Cardona, evidencia laincapacidad de la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local en materia de supervisión.

Independientemente de la diversidad de opiniones, la sospecha generalizada de que el gobierno omiso de Fernando Toranzo Fernández salga a decir que no sabía nada de lo que ocurría en Soledad, lo único que hace es confirmar que efectivamente nos hemos ganado a pulso los primeros lugares en la falta de transparencia y corrupción, que se nos ha asignado en el ranking nacional.

Y es que el desdén por la opinión ciudadana demostrado una y otra vez por la administración torancista tiene su costo político, aunque de repente se rindan algunos informes como el reciente dado a conocer por la Policía Preventiva sobre la detención de enero a diciembre de 2014 de más de mil individuos relacionados con la delincuencia organizada, entre los que se encuentran narcomenudistas e integrantes de diferentes grupos delictivos, aunque contraria e inexplicablemente el gobierno de Toranzo dejó sin invertir 128 millones de pesos, es decir, un subejercicio del 48 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, cuando la tendencia a la inseguridad y los hechos violentos se mantienen a la alza.

Después de estas cifras y el hecho de que se mantengan en suspenso los castigos respectivos a los ex funcionarios de la administración municipal pasada de la capital y otros municipios, así como la abdicación sobre el caso de Marcelo de los Santos, uno no puede sino compartir el sentir de desconfianza de la población engañada a la que se pretende hacerle creer que “vamos bien”, cuando en los hechos vamos para atrás, o en el mejor de los casos, lo que hoy vemos es sólo la punta del iceberg.