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Julio Hernández López

La política migratoria mexicana ha cambiado abiertamente: ahora mira hacia el norte y se acomide a los dictados de Washington, traduciendo al español en la frontera sur de México los lineamientos recibidos en inglés. La retórica oficial, como es usual, trata de explicar y justificar lo que está a la vista, mediante una narrativa gubernamental que arguye proteger a los buscadores de llegar a tierra estadunidense al obligarlos a permanecer en el sur mexicano o, abiertamente, al deportarlos a sus países de origen.

El inconfeso pacto hecho con Estados Unidos para convertirnos en la policía gringa en el sur mexicano alinea al gobierno obradorista con el trumpista. Ambas administraciones tienen ganancias políticas y electorales: la Casa Blanca ha “permitido” (si no es que alentado) que en México haya una alternancia partidista que no afecta el fondo de las cosas ni significa un peligro real para la estructura fundamental del sistema político y económico vigentes, mientras Palacio Nacional ha proveído una cierta estabilidad de continuismo (con el compromiso de no tocar a las élites corruptas) y da a Trump elementos para el desarrollo de sus estridentes proclamas de corte electoral, en específico la virtual construcción a la mitad del territorio mexicano de un muro de contención de la migración centroamericana y del Caribe (ahora con añadidos de otros países), confinando a esos migrantes a un territorio donde la inversión estadunidense promete ayudar a proyectos desarrollistas que “arraiguen” al flujo migratorio en el sur mexicano, así transformado en patio de maniobras.

En ese esquema de entendimientos entre el trumpismo y el obradorismo se inscriben episodios como la cena realizada en la casa de un vicepresidente de Televisa (con la presencia de otro de los más altos ejecutivos de esa empresa) con Jared Kushner, yerno de Donald Trump y su operador de planes tenebrosos, y López Obrador como invitados dialogantes. O la frecuente comparecencia de secretarios del gobierno mexicano ante mandos estadunidenses para ajustar el comportamiento de los primeros a las directrices de los segundos (Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard son viajeros frecuentes en ese esquema de visitas guiadas).

El giro del gobierno mexicano implica nuevas medidas para el otorgamiento de permisos de diversa índole a los migrantes (una especie de visas temporales) y, en especial, el uso de la fuerza policiaca y de agentes del nada regenerado Instituto Nacional de Migración para detener las caravanas de migrantes y devolverlas a los países por donde entraron a México. De esta manera se satisfarán las exigencias de Donald Trump, quien emite regaños y felicitaciones a México conforme se cumplen sus demandas de mano dura en nuestro país con los migrantes, en un símil con el trato dado en el vecino norteño con nuestros paisanos.

El gobierno federal ha decidido dar un golpe de pedal a la estancada bicicleta de la abrogación de la reforma educativa peñista. Ayer, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con coordinadores de bancadas legislativas para acordar los términos de la propuesta que podría ser discutida antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones del congreso federal.  Tal reunión pareció un madruguete en busca de una pronta aprobación en la cámara de diputados de tal iniciativa que, al menos en el escenario público, no ha sido aprobada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización gremial que ha sostenido una larga oposición a la reforma peñista y, hasta ahora, a los términos de la contrarreforma obradorista.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pidió recientemente a los miembros de la CNTE que confíen en el compromiso del presidente López Obrador de desmontar la multimencionada reforma peñista. En ese esquema de señales políticas se produjo la polémica emisión del memorándum presidencial que instruyó a secretarios del gobierno federal a frenar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales correspondientes a la reforma peñista que sigue vigente.

El conflicto volvió a su fuente original: Ricardo Monreal fue anfitrión político de una reunión de avenimiento entre Alejandro Armenta, el senador al que apadrinó el zacatecano en la búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de Puebla (postulación que no alcanzó, pues Yeidckol Polevnsky, apasionada rival de Monreal inventó una encuesta de opinión para descalificarlo) y el ganador de esa batalla interna, Miguel Barbosa. Habrá de verse si dicho encuentro tiene consecuencias reales y duraderas que limpien el camino a Barbosa y su arribo a la gubernatura poblana sea menos accidentado.

Por lo pronto, la fotografía sirve para aparentar reunificaciones en un partido donde Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Monreal, continúa recorriendo el país para organizar la oposición a que Polevnsky continúe como presidenta formal de Morena. Para cerrar filas ya solo faltaría que alguna maquinación legaloide encuentre la manera de librar a Mario Marín, conocido como el Góber Precioso, de la orden de aprehensión que en su contra se libró por el caso de la periodista Lydia Cacho. Marín fue promotor de la candidatura de Armenta y, posteriormente, de las impugnaciones y resistencia de este frente a Barbosa, así que el amago de encarcelarlo no puede quedar fuera del contexto electoral poblano.

Y, mientras Morena y sus opositores peleaban este martes en el Senado, a causa de Minatitlán, la población veracruzana donde fueron asesinadas trece personas, con el bloque adverso al partido actualmente hegemónico reprochando que no haya resultados en la lucha contra el crimen ni un horizonte claro en espera de cambios reales, y el morenismo recordando que lo de hoy es herencia de los malos gobiernos del PAN y el PRI en los sexenios anteriores, ¡hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.