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16 Julio, 2015
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Tapadera de cloacas

Óscar G. Chávez

C loaca que deriva de la misma palabra en su origen latino, es –según la Enciclopedia española de derecho y administración, o nuevo teatro universal de la legislación de España en Indias, de Lorenzo Arrazola, 1836, Imprenta de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, tomo IX, p. 196– La alcantarilla, bóveda o conducto donde se reciben en las poblaciones y por donde corren las aguas sucias o inmundas, hasta que desembocan en un punto donde no pueden dañar á la salud pública. En este mismo sentido lo definió Ulpiano en su fragmento, que está en el cuerpo del derecho romano. He aquí sus palabras: Cloaca est tocus cavus, per quem colluvies quaedam fluit [el alcantarillado es un agujero   por el cual fluyen las lluvias]. Su etimología, según Festo y Plinio, viene de cluo o conluo, que significan purgar, limpiar. Como apenas puede hablarse de un pueblo culto sin tener que hacerlo de esta servidumbre pública, y medio de limpieza y salubridad, de aquí el hallaros luego con la historia y con la legislación de los romanos; como si en esto hubieran de haber dado norma también a los demás pueblos.

Entre ellos las cloacas ó eran públicas ó privadas […] En las calles había, á distancias oportunas, bocas para la entrada de las aguas sucias y de las inmundicias, habiendo personas destinadas á sostener su limpieza […] Para la limpieza de las cloacas se estableció un tributo llamado cloacarium, de que vemos hecha mención en el Digesto, y eran condenados algunos á trabajar en ellas por pena. A pesar de esto se descuidó tanto su limpieza, que no dando curso bastante á las aguas, los censores emplearon mil talentos en hacerlas limpiar y reparar. En tiempo del imperio se creó una magistratura especial con el nombre de curatores cloacarum, que reemplazase á los censores en el cuidado y conservación de las cloacas.

El Pretor había esceptuado en el interdicto uti possidetis, de un modo espreso las cloacas públicas: de cloacis hoc interdictum non datum [este mandato no permite a las alcantarillas], para protegerlas pues dió un interdicto especial, que correspondía, en parte, á la clase de los prohibitorios, y en parte, á la de los restitutorios. Decía el Pretor: Quod in cloaca publicá factum sive immissum habes, quó usus detersor sit, fiat; restituat. Item ne quid fiat, immitaturve, interdicam [se hará públicamente la limpieza y restauración de la alcantarilla que se encuentre en uso. Además se ordena que lo que se está haciendo, no se obstruya].

Respecto a las cloacas particulares dió el Pretor otro interdicto puramente prohibitorio. En él prohibía que se impidiera por fuerza la limpieza ó reparación de la cloaca por el vecino, á cuya casa iba; pero estando el que limpiaba o reparaba sujeto a dar la caución damui infecti, porque como dice Ulpiano, así como debe permitirse que se limpien y reparen las cloacas, así también debe impedirse que se perjudique las obras ajenas. Y este interdicto, no solo tenía lugar contra el demás próximo, sino también contra todos los más por cuyos edificios o predios, aunque no fueran colindantes, pasaba la cloaca. De notar es que en este interdicto no se añadieron respecto al que lo ejercitaba, las palabras quood non, vi, non clam, non precario abillo usus est, y de consiguiente al que tuviere uso de esta clase, no podía impedírsele la limpia y reparación. Y esto era porque se consideraba de utilidad pública por la salubridad de las ciudades, por la pureza de la atmósfera, y por las ruinas á que daban lugar las inmundicias aglomeradas y la falta de reparación de las cloacas.

La legislación española, sobre el mismo asunto, ordenaba: que no se pueda poner denuncia de obra nueva al que repara ó limpia los caños ó acequias en que se recojen las aguas de sus casas ó de sus heredades, aunque algún vecino se queje por el mal olor, ó porque echasen en la calle ó en el suelo que le pertenece materiales para la obra, ó aunque haya que atravesar las calles, ó abrir en ellas las alcantarillas ó caños.

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Ayer Laura Elena Fonseca Leal, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), señalaba que la clasificación que determinó el organismo que ella preside respecto a reservar la información electoral por un tiempo de siete años, tenía la posibilidad de ser puesta a consulta pública en un lapso inferior al tiempo que se mencionó de acuerdo al límite que señala el Comité de Información del mismo Ceepac.

Sin embargo, apuntaló la necesidad de clasificar la información deriva del daño que pudiera producirse es mayor al interés de los peticionarios, derivado de que esta reserva tutela los principios rectores de la materia electoral y de forma específica el de certeza, que es una obligación de este organismo. En el mismo sentido clarifica que la información será desclasificada en la medida que no se tengan ya como activos, los mecanismos de impugnación sobre el proceso.

Por su parte el consejero electoral Martín Faz Mora al tiempo que adjetivó la resolución como errada y absurda, mencionaba la necesidad de impugnar la resolución para su modificación e inefectividad.

Lo anterior deriva del acuerdo CI-36-07-2015, emitido por la Comisión de Información del organismo electoral –y dado a conocer por el portal de transparencia Proyecto Tábano–, en el que como se señaló líneas atrás, determina clasificar por siete años la información electoral relacionada con el proceso pasado, y que fuera solicitada al menos en ocho ocasiones por interesados en la materia.

El trasfondo de la determinación del Ceepac lejos de contribuir a clarificar los procesos de las pasadas elecciones, pareciera pretender encubrir una serie de anomalías que han empañado y aderezado con la sombra de la duda los resultados que fueron hechos públicos.

Más que ninguna otra institución es este Consejo el que debe hacer pública en todo momento la información relacionada con un proceso tan delicado como lo es cualquier elección. Consideremos que de no ser así, la sombra de la ilegalidad estará presente en todo momento sobre aquellos que aparentemente resultaron electos en el anterior proceso.

Pareciera que el derecho a la información por parte de las instituciones oficiales no se ha desarrollado por el hermetismo con que estas mismas instituciones revisten sus funciones; o, ¿acaso fueron creadas para defender otro tipo de intereses que no sean los solicitados por la ciudadanía? Señalaba Fernando Benítez en entrevista que en 1972 le hiciera Federico Campbell: una negativa en un país tan elusivo puede entenderse como una afirmación.

Sin pretender la comisión del fraude, afirmada de manera fehaciente por Acción Nacional, es necesario que la información que hoy se reserva por acuerdo unilateral sea dada a conocer a la brevedad posible; o estaremos frente a una institución que lejos de legitimar el actuar ciudadano sus titulares se dedican a actuar como ineficientes cloacarios prohibitorios, en detrimento de la democracia y la información, que no son otra cosa que componentes de la salud pública.