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Modernidad
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“Terroristas” en la iglesia

éxodo, Coqueteos marcelistas y el ingrato recuerdo

El llamado al voto nulo
Muñoz-B. Anaya

Ricarlos I

H an pasado siete meses de los hechos violentos de Iguala, en septiembre del año pasado, de los cuales el principal saldo fue (a pesar de la brutalidad de los asesinatos de esa misma noche, como el de Julio César Mondragón) la desaparición de 43 estudiantes normalistas que, hasta la fecha, siguen en calidad de desaparecidos, al menos para sus padres.

Verdades históricas aparte, en la sociedad de todo el país incluyendo la potosina, se mantiene la idea de que el responsable directo de toda la tragedia, fue el Estado y la clase política que se reparte el poder en todo el territorio nacional, mediante el impedimento de facto a los ciudadanos sin partido de participar en política, más allá del sufragio periódico el cual debe ser, según el orden establecido por esa misma clase política a favor de alguno de ellos.

No es de extrañar por eso que entre los padres o deudos de los normalistas desaparecidos (depende de la versión a la que se apegue) haya surgido la intención de boicotear las elecciones de junio próximo, aunque tras discusiones en los diferentes colectivos a nivel nacional, se decidió que dicho “boicot” sería sólo la promoción del “no voto”, situación que, en lo general, beneficia a los partidos que ya tienen clientela política o un voto duro definido.

En el sistema electoral mexicano, el voto nulo no tiene efecto alguno, salvo la cuestión anecdótica, pues los gobernantes pueden ser elegidos legalmente según las reglas electorales, incluso con sólo un voto a favor, si el resto de los candidatos no tuvieron sufragios. No se obliga al sistema electoral a repetir las elecciones, pues, por un hecho tan mínimo como la ausencia de electorado.

Este es el principal argumento de quienes consideran que el voto nulo es “lo que la clase política quiere”, y principalmente, el partido en el poder en turno: aprovechar el desencanto y la baja participación ciudadana, para tener vía libre y legal para seguir controlando los destinos (y el dinero) de los ciudadanos.

Si además de eso, se agrega el temor de la sociedad potosina a los calificativos, luego de la criminalización de la protesta que se ha ido haciendo patente en el país, no es de extrañar que el reclamo de los colectivos de jóvenes que se encargaron en el estado de movilizar a grandes cantidades de estudiantes, oficinistas, madres y padres de familia, incluso sindicatos de burócratas, ahora gire en que se les deje de llamar “terroristas”, como hizo indirectamente la Iglesia católica potosina, quien hizo extensivo dicho calificativo a los que promovían el no voto.

La discusión pues, ha sido reducida de la legitimidad de la clase política reinante, a una simple cuestión de semántica.

CampanaMientras tanto, quienes sí decidieron protestar, al ser afectados directos por los traspiés del gobierno municipal, fueron los vecinos y locatarios del área del Ecomercado y la avenida Ricardo B. Anaya, pues a varios meses de iniciadas las obras de rehabilitación y bacheo, estas no sólo no han avanzado al ritmo prometido, sino que se han detenido.

La causa: la quiebra anunciada hace unos meses por el gobierno municipal y estatal. Los trabajadores de la obra, afirman los vecinos, sólo se presentan de manera intermitente, y el cierre de calles ya comenzó a afectar seriamente a los locatarios del Ecomercado y de la avenida, que también cuenta con una buena cantidad de comercios familiares y negocios de autoempleo.

Esta situación se asemeja cada vez más, tal como se previó en esta columna al inicio de los trabajos a finales de noviembre del año pasado, a la vivida en la zona de las remodelaciones de Muñoz, donde tras meses de trabajo la entrega de la obra se retrasaba una y otra vez, mientras las pequeñas empresas, los restaurantes y tiendas de la zona, perdían clientela e ingresos por el bloqueo permanente de las rutas de acceso.

La situación empeora cuando las autoridades municipales advirtieron hace unos días, que las obras definitivamente no se terminarán sino hasta que pasen las elecciones, e incluso, podrían no terminarse en esta administración, pese a que se había dicho en un principio que todos los recursos estaban etiquetados y ninguna obra ya iniciada peligraba.

JSL
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