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El tiempo pico de San Luis

Carlos López Torres

La confesión pública del abogado de la sociedad potosina, el titular de la PGJE, Federico Garza Herrera, en el sentido de que la dependencia a su cargo no se da abasto para atender todos los delitos que cotidianamente ocurren en la entidad, no puede ser sino una mala noticia para la población que lleva lo que va del sexenio esperando una mejora sustantiva en el tema del combate efectivo de la delincuencia.

Más aún, cuando el general en retiro, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Arturo Gutiérrez García, dice que “no está diciendo que estén disputando la plaza, pero hay gente que disputa los puntos de distribución, los puntos de distribución de droga”, en relación con los descuartizados y ejecuciones cotidianas que se vienen sucediendo en el estado, reconoce tácitamente que el consumo y la venta de drogas siguen en aumento, y por lo tanto, el narco también va en aumento en plena competencia.

En otros temas, como el de la gravedad de los incendios en la región cañera, donde a propósito de una entrevista del secretario general de Gobierno, con quienes se dice son los causantes de los grandes incendios de los últimos días, además de ser quienes controlan el agua de la región junto con los ingenios azucareros que contaminan el preciado líquido, Alejando Leal Tovías abiertamente reconoció que la quemazón viola las disposiciones que en materia de tratamiento para la quema existen y que con pleno conocimiento de ello se incumple con los resultados ya conocidos.

La inconformidad por la tendencia de los gobernantes a dejar crecer los problemas aumenta también como lo confirman algunos representantes empresariales, quienes no se han quedado con las ganas de iniciar una serie de críticas a las administraciones estatal y municipales, respectivamente, cuando reclaman que ante el pago de impuestos sólo reciben inseguridad, falta de equipamiento y servicios en la ciudad, así como opacidad; además de acusaciones sin comprobación alguna sobre la modificación de los medidores de agua potable en la Zona Industrial.

Por su parte, el empresario Carlos Torres Sandoval alerta sobre la inexistencia de un plan sobre el funcionamiento técnico operativo del metrobús, obra que al decir del representante estaría ocasionando graves daños a la producción en una parte de la Zona Industrial; por lo que estarían dispuestos los afectados a parar la obra en tanto no sea escuchados y cesen las pérdidas económicas, aseguran.

Pero lo que de plano ya tronó es el caso Panavi, con una declaratoria oficial del partido de Mario García Valdez, quien efectivamente firmó el cuestionado convenio que a destiempo plantean los tricolores sea revisado con transparencia, consulta a expertos, aunque no a los usuarios, con acceso a la información que al parecer ni sus propios diputados se las ha proporcionado y beneficio social como primicia, aunque permanecen calladitos ante el pendiente millonario que tiene el ex gobernador “ciudadano” del partido de tres colores, que reclama la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular estará aquí para ofrecer una importante conferencia.

En fin, quienes de plano ya no aguantaron tantas tranzas, mentiras, opacidades y tonteras de los diputados sobre el polémico tema Panavi, son los compas comerciantes a quienes sí se les aplicaría la ley, en caso de proceder, por supuesto, mientras los omisos y permisivos funcionarios siguen hablando del quimérico Estado de un inalcanzable estado de derecho del que seguramente nos hablarán este viernes los señores procuradores en su reunión.