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Tlatlaya: ¿quién vigila a las fuerzas armadas?

Renata Terrazas

V ivimos en un país en donde las fuerzas armadas operan fuera del escrutinio público. Esto ha implicado varias cosas, entre ellas, que no sepamos si los operativos se realizan con apego a derecho, y sobre todo, bajo estándares de protección y garantía de los derechos humanos.

Desde 2007, a raíz de la denominada guerra contra el narcotráfico, nos comenzamos a acostumbrar al despliegue del ejército en las calles, el cual actúa sin ningún tipo de rendición de cuentas.

El entrenamiento de las fuerzas armadas, el cual se basa en la sumisión del enemigo, es inadecuado para funciones relacionadas con la salvaguarda del orden público. La interacción con la población civil obliga a que las fuerzas encargadas de la seguridad pública hagan uso de la fuerza letal como última instancia.

En el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2014 se expone que entre 2006 y abril de 2013 de las 52 recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación con vulneraciones del derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar).

En este mismo informe se externa la preocupación del enfoque que hace que aquellas personas de las que se sospecha están implicadas en actividades delictivas sean vistas como menos dignas de ser protegidas.

El hartazgo de la población por la situación de inseguridad que vivimos nos ha llevado a aceptar el discurso que ve como positiva la muerte de criminales. Pocas veces nos preguntamos si el despliegue de la fuerza era el adecuado, si no se puso en riesgo a población civil, o si no existieron violaciones a los derechos humanos.

Pensar que las fuerzas armadas en un operativo pudieran disparar a mansalva sin consecuencia alguna es escalofriante. Pensar que la decisión de matar sin necesidad a personas desarmadas o que se han rendido fue tomada desde “arriba” resulta aterradora en totalidad.

El informe presentado el pasado dos de julio por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) titulado “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir” presenta un documento en donde días antes de la masacre se gira la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Ello nos lleva a exigir la identificación de la cadena de mando que ordena abatir delincuentes ya que esta orden derivó en violaciones graves de derechos humanos.

Cabe aclarar aquí que el tema no es de semántica, ya que va más allá de definir de manera personalizada qué se entiende por “abatir”; centrarnos en esa discusión haría que perdiéramos de vista lo que es en realidad relevante: las fuerzas armadas en México operan sin mecanismos de rendición de cuentas.

La reforma al fuero militar que eliminó de su propia jurisdicción los casos en los cuales las víctimas sean civiles, apunta hacia una mayor observancia del actuar del ejército, sin embargo no es suficiente, se requiere de un mayor control en la planeación y operación de las fuerzas castrenses cuando actúen entre civiles.

En un sistema democrático se requiere que todo el actuar de las autoridades esté bajo el escrutinio público. El caso de las fuerzas armadas no tiene por qué ser la excepción. Son necesarias políticas de transparencia que aseguren el acceso a la información sobre el actuar de los militares y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas que habiliten la observancia de la ciudadanía sobre sus fuerzas armadas.

El caso Tlatlaya evidencia varias deficiencias en el modelo de militarización de seguridad pública, entre los que están: la actuación de los militares en los operativos y patrullajes, los criterios y lineamientos bajo los cuales operan, la facilidad con la que pueden ocultar evidencia y construir versiones falsas de los hechos y la falta de procesos certeros de impartición de justicia en casos de violaciones a derechos humanos.

Debemos reconocer que Tlatlaya no es un hecho aislado, como tampoco es sólo un caso de enfrentamiento entre las fuerzas armadas y grupos delictivos. Tlatlaya es, ante todo, un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos por cuerpos castrenses que merece ser esclarecido y sobre el que deben fincarse las responsabilidades entre quienes participaron en el enfrentamiento y en seguimiento a la cadena de mando.

Es urgente tomar decisiones sobre lo que queremos hacer con las fuerzas armadas y, cualquiera que sea la decisión, caminar hacia la construcción de controles sociales sobre las instituciones militares. La transparencia y la rendición de cuentas en el desempeño de las fuerzas armadas no es un lujo, es un tema de vida o muerte.