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Transparencia, corrupción y justicia ¿hoy dónde estamos?

Renata Terrazas*

Las buenas ideas no siempre logran concretarse en acciones. En ocasiones se quedan en el tintero, así como los marcos normativos que emanan de ellas. El riesgo en México de que las buenas intenciones de gobernantes y legisladores se queden sólo en eso es mayúsculo. Así hemos visto nacer y morir leyes e instituciones que parecen marcarán un hito en las formas de hacer política en el país, pero se quedan cortas por falta de implementación, vigilancia o presupuesto; en términos prácticos, por falta de voluntad política.

El temor de que aquello fuera a sucederle a la reforma constitucional de transparencia de 2014 nos llevó, a sociedad civil y expertos en el tema, a blindar lo más posible las leyes, las instituciones y los procesos alrededor de ellos para que de manera genuina se construyeran e implementaran las bases para la garantía del derecho de acceso a la información.

El proceso no ha culminado y otra puerta se ha abierto, otras tantas siguen sin poderse cerrar. Las dependencias federales y estatales se encuentran en la recta final del primer cumplimiento de las obligaciones de transparencia que emanan de la ley general y sus leyes locales. Hasta 100 obligaciones pueden llegar a necesitar cumplir algunas dependencias, lo cual se convierte en una tarea titánica.

El 4 de mayo de este año todas las dependencias del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos garantes y todos aquellos sujetos obligados de la ley de transparencia, deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia. Esto es, deberán hacer pública la información a la cual están obligados por ley, información relevante para conocer las acciones y decisiones de las dependencias públicas, el gasto de sus presupuestos y resultados, entre otras.

Esta fecha es una extensión de la original, la cual no logró cumplirse por fallas en la plataforma de transparencia, espacio donde se hará pública toda la información. Esto ha sido un pequeño ejemplo de cómo una buena ley queda con efectos limitados por fallas tecnológicas.

Si bien la federación y los estados parecen estar trabajando para cumplir con estas obligaciones y para implementar de manera adecuada la ley, seguimos observando retos para la genuina construcción de un régimen de transparencia en el país.

La urgencia nos ha hecho continuar con estos esfuerzos al tiempo que continuamos con otros aspectos que van de la mano como lo es la política de datos abiertos, la protección de datos personales, la construcción de un marco normativo que garantice el adecuado archivo y resguardo de la información, la generación de información relevante y la construcción de las bases para la rendición de cuentas.

En estos esfuerzos podemos incluir la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual se basa en la creación de un robusto sistema normativo e institucional que permita prevenir la corrupción, investigarla y sancionarla.

Si bien la creación y reforma de las siete leyes relacionadas con el SNA se realizaron, a nivel nacional, de manera abierta y transparente, y, muy importante, la figura central de este sistema –el Comité de Participación Ciudadana–, se designó mediante un comité de selección, emanado de las entrañas de la sociedad civil, evitando con ello la captura de esta importante figura, hoy todavía quedan retos enormes que pueden llegar a minar los esfuerzos alrededor del SNA.

Esta semana se llevaron a cabo las comparecencias públicas de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Este proceso lleva detenido desde 2014, fecha en la cual estaba mandatada la creación de esta fiscalía y designación de su titular. La complejidad alrededor del proceso de designación de esta figura reside en la complejidad misma del propio sistema para someterse a un control del cual desea escapar.

Una apuesta de los gobiernos falsamente democráticos ha sido crear instituciones y leyes que no podrán operar. Ya sea con recortes presupuestarios o la falta de vigilancia, las leyes nacen muertas y sin posibilidad de ser traídas a la vida. Con las instituciones funciona también un presupuesto limitado con el cual pueden hacer poco, pero la apuesta menos sofisticada de los poderes políticos ha sido capturar las instituciones para evitar que ejerzan sus funciones.

Es por ello que el tema de la designación del fiscal anticorrupción se sitúa en el corazón del sistema anticorrupción, es por ello que el proceso para elegirlo ha sufrido tantos retrasos y se ha convertido en disputa política.

Y si esto no fuera complejo, a esta designación se le añade la necesidad de liberar de todos sus lastres a la creación de la fiscalía general. Esto es, no trasladarle la estructura de una procuraduría que ha mostrado una creciente incapacidad de procurar justicia y una gran indisposición de hacerlo si es contra su jefe, el presidente del Ejecutivo federal.

Por último añado un tema de gran calado que hemos abandonado en este país, la procuración de justicia. La impunidad contra el culpable y la persecución del inocente ha creado un país plagado de injusticias donde se castiga la disidencia y se premia al ladrón. La implementación del nuevo sistema de procuración de justicia se mezcla con una discusión faltante entre la clase política sobre la necesidad de construir una Fiscalía General que de verdad sirva.

Hoy tenemos frente a nosotros la implementación de los primeros pasos de un régimen de transparencia con una faltante ley general de archivos, la construcción de un sistema anticorrupción con huecos en sus figuras y un sistema de procuración de justicia bajo modelos heredados de antaño. Para transformar las cosas habrá que continuar buscando procesos abiertos y transparentes donde se dé entrada a la participación ciudadana, ya sea legislando, implementando una ley o programa o designando a un funcionario.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación