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¿Un contrainsurgente de jefe policiaco?

Guillermo Luévano Bustamante

S egún información de la mañana de ayer aparecida en el diario Pulso, la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública Estatal de San Luis Potosí recaería en el coronel Pablo Castellanos, quien fue acusado, sentenciado, condenado y luego exonerado respecto a delitos asociados con el ejercicio indebido de funciones, que lo vinculaban con protección a grupos delincuenciales narcotraficantes, entre 1997 y 2001.

Si bien es impedimento legal para dirigir la seguridad pública estatal el haber sido condenado por delito doloso, en este caso al parecer, el militar resultó inocente y, según reportó su defensa y sus propios testimonios públicos ante la prensa nacional durante los años de su proceso, se trató de una reprimenda política o de una confusión que lo hicieron sospechoso de intentar desenmascarar las relaciones entre altos mandos del Ejército y líderes de cárteles de la droga en el país.

Luego de la nota que difundió esa información el mismo diario Pulso incluyó, más tarde al mediodía de ayer, otra en su portal de internet que recogía la declaración del gobernador Juan Manuel Carreras en que éste sostenía que el nombramiento del militar no era un hecho. Sea que haya reculado el mandatario o que efectivamente la información inicial no era precisa, hay un indicio que me parece preocupante. El militar Castellanos fue exonerado. Si hubiera sido hallado culpable, aun las personas condenadas, en general, tienen derecho a la reinserción social. En este caso más bien pesaría el impedimento legal.

El asunto es que el militar en cuestión se identifica como un experto en inteligencia militar y contrainsurgencia. Destaca en su haber la participación en las campañas del Ejército contra Lucio Cabañas, en la década de 1970, luego en las de 1997 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y aún más, se reconoce coautor del Sistema de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En caso de confirmarse la designación de Castellanos en la Dirección de Seguridad Pública estatal sería preocupante para los movimientos sociales, activistas y para las personas promotoras de derechos humanos en la entidad la trayectoria del militar en el combate a las disidencias, en la medida en que su experiencia sea usada de forma abusiva para la represión, la vulneración de las libertades políticas, la intromisión en la vida interna de las organizaciones políticas opositoras al gobierno.

Insistí durante el sexenio de Toranzo que uno de los sellos de su gestión, un poco opacado por muchas otras torpezas, fue el autoritarismo. No sólo vivimos la represión y encarcelamiento de personas activistas, también un ejercicio vertical del Poder Ejecutivo, el menosprecio a la Asamblea de Diputados local que lo hizo acudir al recinto legislativo apenas lo mínimo y estrictamente necesario durante el sexenio, ya no digamos para rendir cuentas, incluso para actos protocolaros de puro lucimiento.

No debíamos permitir que ese sello del autoritarismo se repita en el mandato de Carreras.

¿Un ex militar a la Dirección de Seguridad Pública de San Luis? ¡Vaya mensaje!

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.