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Un embate más contra el derecho a la información

Victoriano Martínez

A poco más de doce años de que el derecho de acceso a la información pública está garantizado legalmente en San Luis Potosí, difícilmente se puede considerar que su ejercicio se pueda realizar con plena certeza de que no habrá resistencia por parte de los funcionarios en cuya posesión se encuentra la información que le pertenece a toda la sociedad.

Si por un lado, quienes encabezan los entes públicos, que constituyen el poder formal, protagonizan una natural resistencia a revelar datos, no resulta nada extraño que desde grupos empresariales, considerados como poderes fácticos, se tenga esa misma vocación por la opacidad que les resulta el medio más apropiado para operar.

Ese tipo de resistencia por parte de los poderes formal y fáctico los suele confabular en contra del interés público y, tanto uno como otro, tienen sus propias motivaciones para impedir que la población en general tenga conocimiento de cierta información. En gran parte, el derecho de acceso a la información pública les representa una amenaza.

La demanda que la semana pasada se notificó a quienes realizamos Proyecto Tábano no es más que uno de esos embates desde el poder en contra del ejercicio del derecho de acceso a la información pública que les incomoda, con una agravante: atenta contra las tres vertientes del derecho a la información consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde 1948, las Naciones Unidas reconocieron “el derecho a investigar y a recibir información y a difundirla”, que quedó establecido en el artículo 19 de la DUDH, y a cuya protección se suman las constituciones mexicana y la potosina.

El derecho de acceso a la información pública apenas atiende a las dos primeras vertientes del derecho a la información. Permite requerir información a los entes públicos (investigar) y recibir la respuesta (aspecto en el que aún las deficiencias están condicionadas –hoy es parte de lo que la demanda contra Proyecto Tábano revela– por intereses de poderes formales y fácticos).

La tercera vertiente, el derecho a difundirla, es propiamente la libertad de expresión que sustenta todo ejercicio periodístico, como el que practicamos en Proyecto Tábano. Un ejercicio que no está exento de responsabilidades, como el rigor que exige difundir información que, en nuestro caso, procuramos cubrirlo al presentar notas debidamente documentadas.

Tal es el caso del dato por el que hoy la empresa Urbanizadora Peña Blanca, a través de Carlos López Medina, demanda a nuestro portal por presuntos daños y perjuicios. Si en la relación de 80 mil 916 deudores del predial con corte al 31 de enero de 2014 aparece esa empresa con una deuda por 44 millones 643 mil 824 pesos, no es porque en Proyecto Tábano lo hayamos inventado, sino porque así lo detectamos en un documento oficial.

Más aún, cuando se hizo público el hallazgo de la información que se comenta, la reseña que se presentó incluyó la descripción exacta del origen de la información, la plataforma de InfomexSLP, donde todavía hoy puede ser consultado el documento que hizo público oficialmente el Ayuntamiento en la respuesta que corresponde al folio 00006314.

También se mencionó el procedimiento para convertir el archivo PDF de 4 mil 381 páginas proporcionado por el Ayuntamiento a un archivo Excel, cuya consulta resulta más accesible y, por tanto, con un mayor valor periodístico que el larguísimo listado en el que los nombres no aparecen en orden alfabético, sino el completo desorden.

Si el dato que incomoda a Urbanizadora Peña Blanca es falso o verdadero, no corresponde a quienes integramos Proyecto Tábano demostrar, pues fue tomado de una plataforma oficial web, accesible a todo mundo, que existe como una de las opciones para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Que en su demanda López Medina, quien encabeza una de las firmas constructoras más poderosas de la ciudad, haya omitido la explicación que desde el inicio se dio al dar a conocer la relación de los deudores del predial hace sospechar de una intención que apunta a inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión.

Un caso, pues, que no sólo atenta contra Proyecto Tábano, sino contra el derecho a la información de la sociedad en su conjunto y que pone a prueba, una vez más, la actitud de los entes públicos a favor de una verdadera transparencia, con la exigencia de que, ante un derecho tan fundamental, dejen de una vez por siempre su inclinación a la apariencia.