Desconcierto
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La incesante cuesta
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¿Y cuándo la lista?

éxodo, Coqueteos marcelistas y el ingrato recuerdo

Sin peces gordos
Temor de comerciantes
Otro llamado a OMA

Ricarlos I

L uego de que en la ASE señalaran que ya tienen una lista con los nombres de los funcionarios que estarían inhabilitados para volver a trabajar en dependencias oficiales, asesorías o puestos electos, se tuvo la esperanza de que esta lista fuera dada a conocer de manera pública, aunque los diputados olvidaron difundirla.

Entre los pocos que han podido darle un vistazo a dicha lista, surgió la pregunta de por qué no se habían incluido “peces gordos” entre los inhabilitados, pues a su decir, la inmensa mayoría son funcionarios y mandos medios que no optan por puestos de elección popular, aunque bien sabido es que varios de ellos podrían contender por los puestos en las planillas que se conforman para respaldar a, por ejemplo, un presidente municipal.

Se espera que en los próximos días la lista sea difundida por completo, antes de que inicien los procesos electorales y quiera señalarse o descalificarse a dicha lista como un “ataque político”.

Campana

Mientras esto sucede, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vieron nuevamente en problemas, asediados por taxistas enardecidos. Sólo que esta vez no se trató de ruleteros exigiendo el final del pirataje en el transporte de pasajeros, sino de los piratas señalados que quieren defender su única fuente de ingresos.

Hace unos meses que ocurrieron varias protestas masivas tanto en la sede de la SCT como frente a Palacio de Gobierno, en las que los trabajadores del volante llamaban a la legalidad a la SCT, pues a su decir, la existencia de taxis y vehículos piratas estaba dañando su de por sí golpeada economía familiar.

Y ayer, exigiendo también legalidad, se apersonaron esos mismos piratas, exigiendo ser regularizados para que se les deje de perseguir de la manera tan dura como se ha hecho en las últimas semanas. Señalaron que la única causa por la que se les persigue es porque es año electoral, y que todo se arreglaría si las concesiones dejaran de ser botín político de compadres y parientes, y se entregaran a los que las necesitan para subsistir.

Campana

Pasó la primera quincena de 2015, los trabajos de rehabilitación de la calle Obregón se acercan, y los empresarios constructores ya se frotan las manos. Aunque aún no se conoce el presupuesto total que tendrían en el gobierno estatal y federal para estas obras, los miembros de la CMIC ya se dicen listos para las licitaciones, que causarían el cierre de la céntrica calle desde su principio, en la plaza de San Juan de Dios, hasta su final, en la calle Reforma.

No se sabe hasta el momento si ya hay proyectos aprobados por el INAH, si los comerciantes y vecinos afectados estarán conformes o si sólo será la mencionada vía o también algunas de las calles aledañas, pero ya hay entre los locatarios temor de que la obra les cause la quiebra, al mantener cerradas sus vías de acceso durante semanas o meses, con los típicos retrasos que de estas obras surgen, como fue el caso de la remodelación de Muñoz, o las “mejoras” en la avenida de Damián Carmona, o la rehabilitación de la Alameda.

Y otro proyecto que sigue atrasado, es el del nuevo relleno sanitario, detenido desde que en El Jaralito un ciudadano resultó muerto durante una protesta de los vecinos del lugar que no querían que su pueblo se convirtiera en el destino de los desechos de la mancha metropolitana potosina. Esta vez se tratará de construir en la comunidad de San Juanico el Chico, aunque se advierte que sólo tendrán este año para finalizar los trabajos, por lo que un retraso de cualquier tipo podría dar al traste con la licitación.

Si a esto se agrega la consigna que tienen en el ayuntamiento de terminar todos los trabajos antes de la elección de medio año, la presión no es poca, y el costo político de fracasar, tampoco.

Campana

Y nuevamente la Coparmex ha hecho un llamado a OMA; la operadora regiomontana que controla el Aeropuerto Ponciano Arriaga, a permitir la expansión de las pistas de dicha terminal, para poder mantener una afluencia mayor de tráfico aéreo tanto de carga como de pasajeros, una necesidad que afirman ha ido creciendo año con año.

A pesar de esto, dicha operadora se ha negado consistentemente a obras de mejora, salvo en las estructuras administrativas. El gobierno del estado ya ha considerado solicitar la remoción de esta concesión al gobierno federal, pero hasta ahora el caso sigue estancado. No sería la primera vez que un gobierno estatal toma control de una de sus terminales aéreas, pues en Puebla ya se hizo con la creación incluso de una paraestatal para administrar el aeropuerto, aunque los resultados fueron cuestionables, con la caída del tráfico de carga y pasajeros, y una eventual “reconcesión” para salvar los empleos del lugar.

JSL
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