¿Y las becas, don Vito?

Guillermo Luévano Bustamante

E n una nota aparecida en la página electrónica de Pulso, diario de San Luis, referían que la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz de su secretario en San Luis Potosí, Enrique Venegas Silva, refiere que el gobierno de Fernando Toranzo adeuda en el ramo educativo cerca de 120 millones de pesos, concepto en el que se incluyen las pensiones de docentes en jubilación y de estudiantes con beca; otra noticia que apareció en este medio informativo, La Jornada San Luis, informa que estudiantes que cuentan con el beneficio de subvención del programa que antes fue Programa Nacional de Becas (Pronabes) y hoy se llama simplemente “beca de manutención” de la Secretaría de Educación Pública denunciaron que la secretaría local del ramo retenía indebidamente sus erogaciones desde hace por lo menos cuatro meses. Además que les reducía las entregas de 12 que debían ser a sólo 10 cuando estaban por concluir sus estudios, siendo que en esa etapa final de conclusión de la carrera profesional los gastos de titulación y egreso de incrementan.

El problema no es nuevo, las denuncias se remontan cuando menos al tiempo en que el hoy gobernador electo Juan Manuel Carreras estuvo al frente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y continúa en la gestión del profesor Vito Lucas Gómez.

He venido refiriendo en este espacio que la educación está lejos de ser una prioridad de la administración saliente del médico Toranzo, como no lo fue el trabajo digno ni la salud, es decir, los derechos sociales han sido francamente abandonados en el gobierno de San Luis. Lo preocupante es que Juan Manuel Carreras es copartícipe de la responsabilidad en el tema de la retención indebida de las becas a estudiantes de instituciones públicas de educación superior y asumirá en breve la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado.

Hace apenas unos días docentes del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí protestaron contra las evaluaciones que pretenden aplicarles las autoridades educativas como requisito de permanencia laboral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la semana pasada que la Ley de Servicio Profesional Docente, que encarna la llamada “reforma educativa” del sexenio peñanietista, es constitucional. En los criterios de resolución judicial ponderaron los ministros de la Corte que debían anteponer el derecho a la educación de calidad de la infancia por encima de los derechos laborales de docentes en el país. En otra colaboración profundizaré sobre los alcances de dicha determinación judicial en detrimento de los derechos laborales del personal docente. Por ahora baste conectar este simulado criterio judicial-empresarial de la calidad en la educación que afectará a todo el sistema educativo.

La educación en México, y en San Luis Potosí por supuesto, requiere inversión, requiere también enfoques complejos y diversos, no de la visión mercantil que antepone los criterios utilitarios a los derechos sociales del personal a cargo. Y por supuesto, menos que menos debería permitirse la desatención a las becarias y becarios de los programas que les coadyuvan con el sostenimiento de sus estudios.

Aunque cada vez quieran ver más a la educación como una dádiva, es un derecho social. Pague pronto las becas que sólo administra la Secretaria de Educación, profesor Vito.

Twitter: @guillerluevano