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¿Y las contralorías municipales?

Carlos López Torres

A lgunos presidentes municipales electos, al parecer principalmente de la Huasteca, no ven con buenos ojos la mínima reforma legal mediante la cual será el Cabildo, y no el alcalde en turno, quien designe en lo sucesivo al funcionario encargado de la contraloría en los 58 ayuntamientos de la entidad.

El rechazo a tal disposición aprobada por la Legislatura saliente es una tibia medida ante una realidad palpable: las mentadas oficinas contraloras han demostrado no sólo su ineficiencia e ineficacia, sino su total dependencia del alcalde en turno. Ahí queda para la historia la contraloría del ayuntamiento de la capital.

La tendencia a mantenerlas como hasta ahora, como juez y parte del aparato burocrático municipal, no cambiará con la aplicación de la nueva disposición que supone obligará a los presidentes municipales electos a consensuar, con el resto de los integrantes del Cabildo, quién sería el personaje idóneo para ocupar el cargo decorativo.

En su gira informativo-preventiva por los municipios del Altiplano, el auditor especial de Fiscalización Municipal y Organismos Descentralizados, José Mejía Lira, aclaró dudas y preciso formas y procedimientos a los que se tienen que sujetar los alcaldes y funcionarios electos de las nuevas administraciones municipales de esa región, aunque al parecer no hubo comentario alguno sobre el papel de la contralorías, a quienes la Contraloría General del Estado se había comprometido a capacitar.

Lo cierto es que con o sin capacitación, todo mundo sabe que dichas oficinas, empezando por la estatal, no cumplen con una función importante en materia de control y para lo único que sirven es para convalidar los despilfarros y el manoteo de los funcionarios.

Tan es así, que los contralores, quienes se supone deberían estar al día en materia de información sobre el uso de los recursos municipales, no son incluidos ni como testigos a la hora de la aclaración de las cuentas públicas, no sólo por el Cabildo, sino por la propia ASE. A quien rinden cuentas es al presidente municipal en turno, del que reciben órdenes y de quien depende su nombramiento al final.

Por supuesto, bajo el desacuerdo de que en lo sucesivo los contralores sean nombrados por el Cabildo, subyace el intento de los presidentes municipales de mantener el férreo control sobre dichos funcionarios, aunque con la nueva disposición la negociación y el cabildeo del alcalde con los integrantes del cuerpo deliberante, el margen de maniobra personal del presidente municipal disminuiría un poco, sin que ello implique un cambio en la función de tapadera de las contralorías.

Apenas iniciado el proceso de entrega-recepción en los ayuntamientos, los pendientes y los actos no controlados por el Cabildo y las contralorías empiezan a ser noticia: el alcalde de Tampamolón, por ejemplo, no ha pagado la luz y no ha firmado para cubrir el recibo, por lo que CFE ya cortó la luz dejando al pueblo sin alumbrado.

El alcalde de San Antonio, sin reunión de Cabildo ni aviso previo al Congreso del Estado, vendió en 80 mil pesos todos los vehículos oficiales descompuestos como chatarra, motivo por el que anda presumiendo que el ingreso será para pagar la bandas que tocarán en su próximo cumpleaños, denuncian empleados del ayuntamiento.

Así por el estilo, entre lo cómico y lo trágico, terminarán su gestión la mayoría de los funcionarios municipales, aunque algunos esperan ser llamados a colaborar en los próximos gobiernos de todos los niveles. El reciclaje con el autor de la roqueseñal recién nombrado funcionario en Gobernación y la no menos indignante designación del desprestigiado integrante del Verde en la misma secretaría, son señales que de inmediato serán atendidas por los buscachambas potosinos.