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¿Y los obispos eméritos?

Óscar G. Chávez

Si bien pareciera que el actual obispo de la Arquidiócesis potosina no efectuó algún tipo de defensa o encubrimiento sobre el otrora todopoderoso Eduardo Córdova Bautista, queda la interrogante sobre qué pasará con sus dos antecesores, ambos arzobispos eméritos, que solaparon y protegieron al hoy ex sacerdote prófugo. Antes bien, fue a Carlos Cabrero a quien estalló el escándalo en las manos y a quien tocó hacer efectiva la suspensión del sacerdocio.

Esta medida eclesiástica, representa acaso la sanción más grave, aparte de la excomunión, para aquellos que estando dentro del estado eclesiástico ameriten alguna sanción. No recuerdo hasta el día de hoy, salvo en los casos que fue solicitado a pedimento de parte y por así corresponder a sus intereses, de algún sacerdote dentro de la Arquidiócesis potosina que fuera suspendido de su estado como castigo por su proceder.

La realidad por todos sabida, y disimulada por una gran mayoría, es la de la protección efectuada por los arzobispos Arturo Antonio Szymanski y Luis Morales Reyes. Tocó al primero todavía en su calidad de obispo ordenar presbítero a Eduardo Córdova el 21 de junio de 1988, y fue también bajo su licencia, enviado a cursar estudios de derecho canónico al Ateneo Romano de la Santa Cruz, en Roma. Fue pues uno de los favoritos del obispo que lo hizo sacerdote, y que por aquellos años y en los subsecuentes, fue uno de los prelados mexicanos favoritos del sistema.

Consagrado como obispo coadjutor, con derecho de sucesión, de San Andrés Tuxtla en la catedral de Tampico, por su obispo Ernesto Corripio Ahumada, fue quizá de entre los obispos mexicanos el más cercano al luego cardenal; supo también cultivar los afectos y atenciones del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, la Quina, y no es de sorprender la cantidad de relaciones que entretejió en la política nacional mexicana así como con las élites de la diócesis potosina.

Fue pues, su episcopado, un constante concordato entre el estado y la iglesia, cuyo sello distintivo fue el silencio frente a las arbitrariedades del poder. Su opinión, por ejemplo, en el proceso electoral de principios de los noventa, contrastó con la de muchos sacerdotes que cuestionaron elecciones y el papel de las instituciones. Silencio que no es necesario especular mucho, para descubrir que fue el que le permitió obtener todo tipo de favores de los gobernantes en turno.

Los procederes de Córdova fueron bien conocidos desde principios de la década de los noventa, quizá desde antes, pero seguramente eran situaciones conductuales catalogadas como ligeras desviaciones propias de la juventud. Ya dentro del estado eclesiástico, a pesar de ser conocidas era prácticamente imposible que alguien se decidiera a denunciar y en consecuencia a actuar contra uno de los favoritos del obispo.

Fue a mediados de la década de los noventa cuando Córdova comenzó a posicionarse en la curia diocesana; tras la renuncia de Szymanski en 1999 y la llegada de Luis Morales Reyes, en aquellos ayeres aspirante al capelo cardenalicio que podía llevar conjuntamente la Arquidiócesis neoleonesa, Córdova continuó desempeñándose como apoderado jurídico de la Arquidiócesis potosina.

Esto quizá puede explicarse desde dos puntos de vista, el primero explicable sólo desde las redes que había dejado en funcionamiento el arzobispo emérito, y las cuales era complicado que Morales desarticulara; o bien, el segundo derivado de las ambiciones personales del de Churumuco, en aquellos años presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y de quien se especulaba que sólo estaría un breve tiempo en esta Arquidiócesis, ya que –como mencioné líneas arriba– esperaba ser trasladado a la Arquidiócesis de Nuevo León, con la que esperaba recibir conjuntamente el birrete cardenalicio.

Derivado de esta última posibilidad, es lícito suponer que no consideró necesario en un inicio desmembrar la estructura administrativa que conocía a la perfección el funcionamiento de la diócesis, ya con posterioridad, y andando los años, tampoco lo llevó a la práctica por el funcionamiento en el desempeño de las comisiones asignadas.

Como quiera que hubiera sido, la permanencia en el cargo de Eduardo Córdova, le permitió alcanzar tal nivel de influencia y grado de impunidad, al ser él el personaje encargado del funcionamiento de las relaciones entre la iglesia y el estado. Así, al tiempo que fue protegido por la iglesia, gozó del fuero otorgado por el aparato estatal, y supo sacar partido de su papel dentro de la sociedad potosina que supo corresponderle con su silencio omiso.

Las declaraciones vertidas por José Mario Bergoglio, luego de su tránsito por tierras mexicanas, en el sentido que los obispos que encubran a un sacerdote pederasta deberán renunciar a su encomienda, permite que de nueva cuenta volvamos la vista a la iglesia potosina, y preguntemos cuál es la sanción que será aplicada a los obispos eméritos que encubrieron, y permitieron que continuara operando bajo la protección divina, al catalogado como el más grande depredador sexual de la iglesia en México.

Es evidente que ambos mitrados nada pierden al estar alejados de la administración directa de una diócesis, sin embargo queda el cuestionamiento, dirigido al arzobispo en funciones, sobre cuál es la sanción que pudiera ser factible de aplicarse en ambos personajes. Aunque es lógico, que responda que no es a él a quien corresponde aplicar la sanción, aunque sí hacer del conocimiento público y ejecutarla, sino a la jerarquía romana.

Días aciagos esperan de nueva cuenta a la iglesia potosina, de enfrentarnos una vez más a un prelado que por tratar de guardar las apariencias y proteger lo improtegible, señale –como ya lo hizo– carecer de tiempo para abordar con quien lo antecedió, problemas de esta magnitud que laceran no sólo a la su iglesia, sino a toda su feligresía.