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Acusan a la junta de coordinación política de realizar “robos hormiga”

Junta de coordinación política

José Mario de la Garza Marroquín.

Miguel Ángel Saldaña

La junta de coordinación política del Congreso del Estado destina fondos a personas o asociaciones civiles de “dudosa procedencia”, estos “robos hormiga” van desde mil pesos y en total suman 19 millones de pesos; fondos que deberían ser utilizados para cubrir otras necesidades públicas son despilfarrados por funcionarios públicos. Todos los documentos están al acceso de los ciudadanos, pero, por su forma de operar, pasan desapercibidos por tratarse de cantidades menores, denunció José Mario de la Garza Marroquín en entrevista con La Jornada San Luis.

Sin un control que los regule, este dinero es otorgado con fines muy variados, que van desde materiales de construcción a pagos de alquiler, incluso algunos no especificados y en ocasiones sin documentos que respalden dichos gastos.

Sobre esto, De la Garza Marroquín sostuvo que “estos trámites se hacen violando la ley, puesto que no hay ningún artículo constitucional que ampare estas transacciones. Es de sospechar que los recursos son transferidos a personas cercanas a diputados de todos los partidos, pues se hace de manera privada y sin razón justificable”.

Señaló que estos fondos son retribuidos, pero no a la ciudadanía que los aporta: “año con año, las empresas que reciben estos fondos se ven comprometidas con sus facilitadores” y esto genera “amiguismos comprados con erario público”. Subrayó que los fondos repartidos no sobran a nuestro presupuesto y hay necesidades urgentes: “la pobreza en nuestra comunidad no ha disminuido, el problema de las vialidades, sin contar sector salud o de educación y cultura”, son algunas de las problemáticas que tienen que ser cubiertas y no lo son.

Las funciones de la junta de coordincación política, si bien son las de administrar los recursos competentes al Congreso del Estado, sólo se limitan a la gestión, administración y dirección, con recursos a su disposición sólo para estos fines. “Estan acostumbrados a tomar el dinero como si fuera suyo”, criticó.

Y, agregó, no hay una base jurídica que les permita destinarlos a otros sectores: “es un delito que no discrimina mandatos o partido político”, “es una práctica que viene haciéndose desde hace mucho tiempo”, beneficiando sólo a unos cuantos.

Que el tema pase desapercibido lo adjudicó a los pocos montos monetarios destinados a estos sectores: “pulverizan las cantidades para que pasen desapercibidas, pero la suma total de estas es un duro golpe a la economía estatal”.

El abogado cuestionó que poco o nada se haga para sancionar a quienes cometen este tipo de prácticas y explicó que “comparativamente, si un ciudadano roba, lleva un proceso judicial, en donde hay abusos de autoridad y sanciones elevadas; en cambio, los funcionarios públicos pueden enriquecerse y salir sin tocar la cárcel”, esto no sólo por la compra de favores, también por la flexibilidad de la ley ante estos eventos.

“Los responsables salen ilesos”, sin una verdadera sanción: “las fianzas por estos delitos son bajas, (y fácilmente recuperadas por desvíos de recursos); además las instituciones de justicia, muchas de las veces, no empiezan un procedimiento en su contra”, expuso.

Hasta el momento en la junta de coordinación política no se conocen acciones que haya tomado para clarificar y sancionar algún uso indebido de recursos, “aunque la información es reciente, no se ve una intención a sancionar a dichos responsables”, acusó, y ñadió que, aunque se conocen los documentos, no existe información sobre los que recibieron el beneficio: “pueden encontrarse en el portal, están impresos, pero no hay información sobre los beneficiados”. Hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad de este delito.

Finalmente, José de la Garza consideró que es necesario modificar la ley para la prohibición del manejo de fondos de parte de esta institución, no obstante no se mostró optimista, ya que, dijo, al parecer no hay disposición para llevar a cabo una reforma que sea “contra los mismos diputados” y advirtió que “en el peor de los casos se debe normar para que exista una verdadera transparencia al respecto; se ha prostituido el manejo del erario público haciendo que quede en manos de pocos”.

JSL
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