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Anuncia ASE tres nuevas denuncias contra administraciones municipales

Comisión de Vigilancia interpondrá tres denuncias más por cuestas públicas

El auditor del estado se reunió con la Comisión de Vigilancia.

Jorge Torres

Este miércoles se llevó a cabo la primera sesión de este año de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado; estuvo presente el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José de Jesús Martínez Loredo.

En rueda de prensa posterior a esta reunión, el diputado Alfonso Díaz de León Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, dio a conocer que revisaron informes de la ASE sobre las cuentas públicas de los primeros 15 meses de las actuales administraciones municipales para saber los procesos que han venido solventado los diferentes funcionarios y que tienen que ver con los mil 420 millones observados durante ese lapso.

Asimismo, se anunciaron tres nuevas denuncias contra administraciones municipales de la Huasteca por cuentas públicas de años pasados, y la conformación preliminar del padrón de funcionarios inhabilitados que no podrán participar en los procesos electorales por tener cuentas pendientes; dicha lista hasta el momento tiene 85 funcionarios estatales y municipales.

Díaz de León Guillén expuso que además se entregó información por parte de la ASE sobre cómo van los procesos de los años 2012 y anteriores para que, de esta manera, se estén dando las sanciones para las personas que hicieron mal uso de los recursos públicos.

Derivado de la revisión de esos informes, se anunció que la próxima semana se presentarán tres denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las cuales una es correspondiente al periodo de 2009 a 2012 y las otras dos de 2007 a 2009, y, aunque no se dieron nombres por la secrecía de las investigaciones, puntualizó que las denuncias son para tres municipios de la Huasteca.

Agregó que “hemos buscado que se dé la secrecía para que los involucrados en estas denuncias penales no tengan la oportunidad de ampararse y se haga efectiva la justicia lo antes posible”, argumentó Díaz de León Guillén, quien aseguró que se preparan más denuncias penales de la administraciones 2012 y 2014, además de que se considera llamar al procurador Miguel Ángel García Covarrubias para que dé avances de las más de 30 denuncias que ya fueron presentadas.

Comentó que a raíz del caso de Soledad de Graciano Sánchez la Comisión, junto con la ASE, realizará investigaciones para determinar si existe alguna responsabilidad de trabajadores de la dependencia revisora, por lo cual se trabajará en conjunto con la Auditoría y diferentes dependencias en este sentido: “es muy importante aclarar cualquier caso y que ningún funcionario pueda quedar sin sanción”, enfatizó.

Hay 85 funcionarios que no podrán participar en el proceso electoral

 

Por otra parte, Díaz de León Guillén también presentó una primera entrega del padrón de servidores públicos inhabilitados, el cual tiene la finalidad de que personas que tengan cuentas pendientes no puedan participar en los procesos electorales.

La lista preliminar la conforman 85 funcionarios públicos estatales y municipales. Indicó que la ASE estará mandando citatorios a algunos municipios que no han entregado información pata terminar este padrón, por lo que la lista podría crecer.

Respecto a este tema, Martínez Loredo explicó que los servidores públicos fueron inhabilitados en un periodo aproximado de tres años a la fecha, y son considerados como firmes, es decir, que ya no se admite ningún recurso legal para que sea revocada esta determinación.

De igual manera, destacó que, con información proporcionada por las diversas contralorías y los propios ayuntamientos, se pudo conformar esta lista preliminar, sin embargo no se descarta la posibilidad de que se incremente el número para la próxima semana, por lo que se acordó sostener una nueva reunión con los diputados que integran la Comisión de Vigilancia.

Entre las principales causas en las que incurrieron los funcionarios inhabilitados existen la falta de documentación de comprobación adecuada, aplicación de fondos públicos en las partidas no correspondientes, omisión de información, entre otros.

JSL
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