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Apelarían contra negativa a suspender construcción de salón de eventos en el Centro

Salón de eventos

Edificio en el que se pretende construir un salón de eventos. Foto: César Rivera.

Ricarlos I

Luego de la negativa de un juez local a aplicar un amparo otorgado por la justicia federal, el abogado Raúl Espínola, representante de los vecinos que se oponen a la edificación de un salón de eventos frente al hotel Palacio de San Agustín, presentará hoy lunes su apelación ante el Poder Judicial por dicha negativa, al considerarla infundada y absurda.

“El inmueble ubicado en la calle de Hermenegildo Galeana número 225 y 235-A, en la zona de monumentos históricos de la ciudad de San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí, se encuentra dentro del perímetro A, características y colindancias a que se refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de diciembre de 1990. Declarado además como patrimonio de la humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 6 de noviembre de 2011. Se están realizando obras de construcción, autorizadas mediante folio número 36158 de las dos primeras autoridades señaladas como responsables, de suyo legalmente incompetente”, refirió el abogado.

Respecto a su argumento sobre el legítimo interés que como ciudadanos tienen, y en el cual se sustentó desde un principio el amparo otorgado a nivel federal, reza el documento emitido por el tercer tribunal colegiado de circuito que “no sería coherente un sistema que sólo defendiera a los ciudadanos contra la amenaza que representa el posible abuso proveniente del poder público y no los protegiera cuando la amenaza, que puede ser tanto o incluso más grave que la anterior, tenga su origen en un poder privado”.

“En este contexto, resulta indispensable entonces la utilización del juicio de amparo por parte de los particulares como garantía de sus derechos fundamentales, tratándose de actos de autoridad o de actos de particulares en situación dominante respecto de los primeros, de acuerdo con el sistema normativo que deriva del artículo 107, fracción novena, de la Constitución y del artículo 83 de la Ley de Amparo, en que se permite en interpretación directa de la Constitución a través del amparo directo, cuyo objeto básico de enjuiciamiento es la actuación del juez, que los tribunales colegiados otorguen significados al texto constitucional al realizar el análisis de las leyes o normas o de actos de autoridades o de actos de particulares; esto es sólo se podrá emprender ese análisis de la posible vulneración de derechos fundamentales del acto celebrado entre particulares, cuando dicho acto haya pasado por el tamiz de un órgano judicial en el contradictorio correspondiente”, finaliza el texto.

JSL
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