Recomendación de CEDH al ayuntamiento de Soledad
2 octubre, 2016
Delegado de Villa de Pozos se deslinda de denuncia por paracaidismo en Los Olvios
2 octubre, 2016
Jorge Torres
“Vamos a realizar una marcha, nos vamos a manifestar con los vehículos para decirle al gobierno que aquí estamos presentes y no vamos a permitir que nos quiten un solo vehículo”, manifestó la presidenta nacional de la Asociación de Campesinos y Trabajadores Luchando por Tú Patrimonio, Elizabeth Gómez Suárez, quien anunció la movilización para el próximo 7 de octubre, a la cual, ahondó, se convocará a los más de 13 mil agremiados que tiene la asociación para externar su rechazo al decomiso de unidades de procedencia extranjera que podría hacer el gobierno del estado a raíz del convenio que recién se signó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra los llamados autos chocolate.
Recalcó que “en el estado hay alrededor de 90 mil vehículos, y lejos de que el gobernador se ponga un escudito o una estrella, se va a echar a 90 mil familias encima”. De igual forma, mencionó que, aunque la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) se pronunció a favor del embargo de automóviles ilegales, esto se debe a que lo que quieren es que la ciudadanía les consuma autos aunque no tengan los recursos para hacerlo, pues quienes adquieren vehículos en Estados Unidos es porque no tienen dinero para adquirir uno nuevo y “se van al país vecino dejando a sus familias, arriesgando su vida, pasando de mojados para hacer un patrimonio”.
Asimismo, sentenció que son totalmente anticonstitucional “las visitas domiciliarias y auditorias” que podría hacer el gobierno en casas, almacenes, comercios, tianguis, mercados y lotes de autos.
Ante esta situación, puntualizó que lo que se pide como organización es la regularización de estos automóviles de procedencia extranjera en vez de realizar decomisos, y aunque aseguró que ella personalmente ha presentado iniciativas al gobierno para legalizar estos vehículos, desgraciadamente las autoridades no tienen “la visión” de aterrizar esta propuesta como se ha hecho en estados como Durango, Zacatecas y Chihuahua: “nosotros lo que vamos a exigir es que, como ya no hay excusa ni evasivas, que hagan cumplir el convenio, pero no para mal, pues si se empieza a decomisar esto puede dar pie a extorsiones porque esto desata que todas las corporaciones policíacas empiecen con estas prácticas hacia los agremiados y no lo vamos a permitir; pugnamos por una legalización”, indicó.
Por último, consideró que si no se aborda de manera correcta esta situación, el gobierno del estado podría provocar un estallido social porque la gente que con esfuerzo ha logrado hacerse de un vehículo no va a permitir que le sea arrebatado su patrimonio tan fácilmente.
