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Carreras: gobernar entre ex gobernadores

Ricarlos I

La asunción del nuevo gobernador potosino el sábado pasado deja en la mayoría de los analistas grandes interrogantes respecto al cariz que tomará esta nueva administración. La llegada al poder del Güero Carreras, después de todo, asemeja bastante a la de su predecesor, pues en el Revolucionario Institucional había muchos nombres en la tómbola, que se escuchaban con una fuerza mayor, local y nacionalmente.

Pero, parafraseando a uno de los amigos del hoy ejecutivo estatal, haya sido como haya sido, él fue el candidato de unidad tricolor y a la postre el ganador de las elecciones. Aún así, esa sombra de desconfianza de muchos priístas no se disipa, a pesar de la disciplina que en dicho partido suelen ostentar.

¿La causa? Las influencias de los ex gobernadores, quienes según muchos inconformes, mantienen al partido, y por ende, al gobierno emanado de él, secuestrado. Nombres como Teófilo Torres Corzo, Horacio Sánchez Unzueta y por supuesto el ex gobernador Fernando Toranzo, son señalados por incrustar en el nuevo gabinete a “su gente”, algunos de ellos incluso llamados despectivamente “navistas”, principalmente los que son cercanos a Sánchez Unzueta.

Carreras, entre la academia y la derecha

Juan Manuel Carreras, designado en enero por el CEN priísta como “candidato de unidad” para competir por la gubernatura del estado, ha sabido mantenerse en el escenario político potosino, a pesar de los vaivenes electorales que en ocasiones lo dejaron en la otra orilla del río. Aún así, la desconfianza llegó por su pasado tanto reciente como lejano. Aún muchos recuerdan que durante un evento de Felipe Calderón, mientras estaba en campaña en 2006, su compañero de escuela acudió a levantarle la mano, frente a miles de potosinos.

Nacido en San Luis Potosí, estudió en el Instituto Potosino tanto la primaria como la secundaria, para luego estudiar el bachillerato en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en su campus de San Luis. Luego de eso, se va a la ciudad de México, donde en la Escuela Libre de Derecho comparte clases con Felipe Calderón Hinojosa, quien a la postre sería ejecutivo federal.

Una vez graduado, estudió un doctorado en Derecho en la Autónoma de México, y su carrera se orientó principalmente al lado educativo, dando clases en el campus potosino del Tec de Monterrey y en El Colegio de San Luis.

Desde 1981 se unió al PRI en su sector popular, en donde llegó a fungir como coordinador estatal de campañas electorales, y a partir de 1990, como secretario de asuntos internacionales del CEN. En cuanto a su trayectoria administrativa, fue empleado de nivel medio en el Banco de México, secretario particular del director del Infonavit, y entre los años 1991 y 1993, tuvo a su cargo la oficina de Planeación y Presupuesto de San Luis Potosí, durante los dos cortos gobiernos de Gonzalo Martínez Corbalá y Teófilo Torres Corzo.

Después de eso, fue subdirector jurídico del ISSSTE, presidente de la Comisión Americana Jurídico Social de la Conferencia Americana de Seguridad Social, secretario técnico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y del 97 al año 2000, titular de la Sedesore potosina, con Fernando Silva Nieto.

A partir del año 2000 fue diputado federal por el primer distrito electoral, perteneciente a Matehuala. Al terminar su periodo y con la llegada de las elecciones, Fernando Silva Nieto trató de incluirlo entre los posibles precandidatos a gobernador, aunque al encontrar oposición en el PRI estatal no pudo ni siquiera incluirlo entre los plurinominales del Congreso del Estado.

Ante esta situación, permaneció con sus actividades en la ciudad de México, donde recuperó su amistad con Felipe Calderón Hinojosa, quien lo incluyó en su gobierno como director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). Incluso se le llegó a mencionar como “candidateable” en 2009, como una opción para evitar la división que podría acarrear al PRI una campaña interna.

Al final, en el PRI prefirieron ir con Fernando Toranzo, miembro del gabinete de Marcelo de los Santos, mientras Carreras era nombrado por Calderón como titular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Los escándalos recientes

Ya en 2013, regresó al estado a la Coordinación del Seguro Popular, pues conocía a Fernando Toranzo desde que ambos trabajaron para Silva Nieto. Poco después sería nombrado titular de Educación, donde se desempeñó hasta unos días antes de ser nombrado candidato. De hecho, su renuncia fue vista por muchos como señal de que “él era el bueno”.

Su paso por dicha dependencia no estuvo libre de problemas. Durante su periodo al frente de la educación potosina, se señaló a sus allegados de estar utilizando la secretaría para negocios personales, y hasta para acomodar parientes. Numerosas protestas del Cecyte, Ipicyt, Cobach, y muchas más lo señalaban a él y a varios de su gabinete nombrado la semana pasada, de utilizar tanto fondos financieros como materiales para usufructo privado. Tanto la actual tesorera, Ada Amelia Andrade, como Aureliano Gama Basarte, el nuevo subsecretario de Gobernación, Elías Pesina, el oficial mayor, y Alberto Elías, hoy titular de Sedesore, vienen de este periodo de su vida laboral.

Incluso, se le acusó de haber cambiado políticas educativas en beneficio de su universidad privada, el Instituto de Educación Productiva (IDEP) y hacerse de varios edificios en el Centro Histórico de la capital, donde un solo inmueble llega a costar decenas de millones de pesos. También se le reclamó por haber dejado que el problema de las pensiones de miles de profesores creciera, pues al modo de ver de los afectados, encubrió las irregularidades en lugar de perseguirlas.

Las tareas pendientes

Ahora a su gobierno le han sido heredados varios problemas, algunos de los cuales podrían llegar incluso a ser punibles por parte de funcionarios estatales y municipales en todo el estado. El endeudamiento “disfrazado” por parte del gobierno de Toranzo, el cual ya venía cargando una pesada losa desde gestiones previas, y que mediante recategorizaciones y cambios de conceptos, se proclamó a bombo y platillo como “reducida”.

También el mencionado tema de las pensiones adeudadas, pagos informales a profesores de sistemas como Telesecundaria y Colegio de Bachilleres, los abusos de funcionarios a empleados del gobierno sindicalizados, las basificaciones que los dos gremios mayoritarios califican de ilegales, por haber sido selectivas en cuanto a los beneficiados, primando relaciones sobre antigüedad, los problemas de tenencia de la tierra en diversas zonas de la capital y sus municipios conurbados, los diversos proyectos mineros que quieren apostarse en la entidad, en detrimento tanto de su ecología como los derechos de pueblos indígenas, los apoyos y estímulos fiscales otorgados a empresas extranjeras para asegurar su instalación, y un largo etcétera.

Y en cuanto a la seguridad pública, uno de los rubros más graves, habrá que ver su labor y la de su equipo tanto en los casos “cotidianos”, como son los asaltos a mano armada en la capital y carreteras de todo el estado, muchos de ellos ocurridos contra turistas en la Huasteca, la reciente oleada de ejecuciones y asesinatos, el autogobierno que voces especializadas reiteran existe en los penales potosinos, y los casos “de alto impacto”, como los homicidios y desapariciones que siguen sin esclarecerse, como la muerte de Karla Pontigo, los cuatro muchachos desaparecidos que fueron parte de la campaña de Fernando Toranzo (uno de ellos menor de edad en ese entonces), la perito de la Procuraduría estatal y su bebé con síndrome de down, quien sigue sin ser encontrada sin que se haya ejercido acción contra ningún sospechoso, y otra larga letanía de nombres, además del prófugo Eduardo Córdova, el sacerdote acusado de violar menores durante décadas y quien habría sido protegido por la esposa del ex gobernador Toranzo, según investigadores independientes.

Faltará ver si en los primeros días de gobierno, decide Carreras realizar un quinazo del mismo modo que hizo el gobierno de Toranzo, cuando recién entrando se detuvo a Joel Azuara y Humberto Picharra, ex funcionarios de alto nivel, para soltarlos apenas unos meses después, sin cargos, o el cura José Carlos Contreras, principal sospechoso de la violación y muerte de una adolescente del colegio Salesiano, quien también fue liberado sin cargos, bajo la presión de las autoridades eclesiásticas, quienes incluso sacaron a los alumnos y compañeros de la asesinada a marchar a favor del acusado.

JSL
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