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CEDH pedirá que PGJE atraiga caso de menores detenidos en Soledad

CEDH

Jorge Vega Arroyo.

“No debe confundirse una institución noble con el hecho de que sea tolerante, condescendiente, obsecuente o consecuente ante las posibles violaciones a los derechos humanos, ya que ello en nada favorece a la cultura de la legalidad y del fortalecimiento del respeto de los derechos y libertades fundamentales”, expuso mediante un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de que el secretario general del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, José Guadalupe Torres Sánchez, calificara las declaraciones del ombudsman potosino sobre las detenciones de menores por parte de agentes municipales en una fiesta privada, como simple “golpeteo político” dadas las supuestas aspiraciones electorales de varios funcionarios de la CEDH.

Luego de que el titular de la CEDH, Jorge Vega Arroyo, señalara todas las irregularidades durante el arresto de decenas de jóvenes en una fiesta, entre las que se encontraba el allanamiento no sólo del salón de fiestas, sino también de varias casas aledañas, desde las que ingresaron los policías, el secretario del ayutamiento lo acusó de usar a la dependencia para hacerse de capital político y que la intervención de la policía en la fiesta se debió a llamadas telefónicas de la ciudadanía.

Por su parte, la respuesta de la CEDH fue tajante: no sólo se niega cualquier motivación política en el ejercicio de su labor de defensa de los derechos humanos, y además agrega que en el operativo que terminó con la detención de decenas de estudiantes del Cobach 17 se manipularon indicios y pruebas que luego la Policía Municipal quiso presentar como evidencia contra los jóvenes sin siquiera precisar a quiénes se acusaba; no se activaron los protocolos de “cadena de custodia”, no se respetaron los derechos que como menores de edad mantienen y no hubo certificación médica, como varios tratados internacionales exigen y a los que México está adscrito.

Están además, reza el comunicado, “los señalamientos de maltrato que refirieron los estudiantes”, pues son más de 30 quejas que surgieron de este operativo por parte de los afectados.

Es por esto, finaliza el boletín, que se pedirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado que atraiga el caso, pues estas quejas pueden incluso llevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual exige que no haya simulaciones ni juicios “bajo consigna” ni investigaciones sesgadas.

JSL
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