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Contra Labastida, el quinazo de Carreras

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Ricarlos I

Era el año 2009. El gobierno marcelista, caracterizado por su ostentación, su lujo y su pesada deuda, era derrotado en las urnas por el doctor Toranzo. Al mismo tiempo Victoria Labastida, cuya campaña se realizó principalmente de puerta a puerta y con quermeses populares en cada barrio y colonia, ganaba los comicios de la capital con un margen de diez mil votos, al millonario empresario Jacobo Payán.

De esta manera, se cortaba el mandato panista que duró desde 1997, con la llegada al poder de Alejandro Zapata, quien fue sucedido por sus correligionarios Marcelo de los Santos, Octavio Pedroza y Jorge Lozano. La causa, principalmente la ineficiencia de que se acusó a los gobiernos albiazules y la pesada deuda que estaban dejando a los potosinos, tanto a nivel estatal como municipal.

Por eso resulta tan contradictorio el gobierno de Labastida, pues durante sus tres años al frente, la deuda alcanzó topes estratosféricos, tanto en su contratación, como en las irregularidades registradas por la Auditoría Superior del Estado. La deuda del gobierno de la capital, recibida por ella en 223 millones de pesos, se disparó hasta mil 289 millones, mientras que los faltantes sin comprobar, llegaron al final de su trienio a 234 millones. Este martes, se confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de ella, su tesorero Agustín Soberón Álvarez; el secretario del ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri Guzmán; el regidor y alcalde interino Luis Miguel Ávalos Oyarvides y la contralora interna municipal, Glafira Ruiz Leura.

 

Las denuncias, durante años

Desde los primeros meses de su mandato, los regidores de oposición de diversos partidos acusaron el gasto oneroso que se estaba haciendo, principalmente en imagen pública y prensa, e incluso con la contratación de asesores mercadotécnicos extranjeros. En su momento dichos señalamientos fueron descartados, principalmente por venir de ediles pertenecientes al partido que perdió el poder ese año.

Esto no significó que dichos gastos no existieran, y que la gestión labastidista se caracterizara por el dispendio alto y frecuente. Primero, construyendo un parque acuático que costó cuatro millones de pesos, y luego, pretextando promoción del turismo y contactos empresariales para la ciudad, realizó 20 viajes a diversas partes el país y del mundo: Madrid, Tokio, Bogotá y Chicago, junto con otros sitios nacionales. Cada viaje aumentaba las deudas, mientras la infraestructura de la capital y sus zonas rurales iba deteriorándose. A estas críticas, su respuesta ante los medios fue que “hay que romper un poco con la visión pueblerina que se tiene”, y advirtió que no por dichos reclamos dejaría de “enlazar” a la capital con el mundo.

Luego salieron a relucir cargos más graves. Se estaba haciendo uso del seguro de gastos médicos de los trabajadores para cirugías estéticas. Operaciones en senos, glúteos y rostro, reportadas al ayuntamiento como gastos médicos. Por esta situación al menos 20 personas fueron investigadas y separadas de sus cargos, pero mediante amparos por lo menos cuatro de ellas fueron reinstaladas y siguieron laborando en la alcaldía. Fueron casi 40 millones de pesos los que se reportaron por este asunto, aunque ninguno de los acusados tiene, hasta donde se sabe, un proceso penal o administrativo.

Con esta dinámica, para finales de su régimen, la deuda llegaba a 593 millones 281 mil 487 pesos. Pero no conforme con esto, y con la idea de cerrar su trienio en grande, faltando casi horas para concluir su administración, junto con el Cabildo mayoriteado por priístas se aprobó la contratación de una nueva deuda, de casi 633 millones de pesos. El fundamento legal para poder recurrir a semejante préstamo, recayó sobre la esperanza de que Telmex pagaría alrededor de 500 millones de pesos por concepto de uso de infraestructura municipal.

Dicho pago de la telefónica, propiedad del grupo Carso, estaba ya en litigio, pues la compañía no la reconocía, por lo que el préstamo se basó en algo que se tenía la esperanza de obtener. Y que a la larga no se consiguió, por las sentencias de los tribunales, dejando al ayuntamiento endeudado e incapacitado, tanto por ley como por confianza, para renegociar o solucionar sus adeudos.

 

Tanto peca el que mata a la vaca…

A pesar de las acusaciones, denuncias, y claras irregularidades en su administración, y aún cuando el gobierno sucesor de Mario García Valdez, continuamente usaba de pretexto para la falta de obra pública, la losa heredada por Labastida, no hubo acciones legales de parte de ellos, de ningún tipo. Incluso, varios de los colaboradores cercanos de Labastida siguieron laborando en puestos clave de la administración municipal. Conforme pasaron los meses y los años, la Auditoría Superior del Estado seguía descubriendo más y más irregularidades, al grado de que llegó a decirse que ya se tenían preparadas acciones jurídicas en contra de la ex alcaldesa y sus funcionarios.

Aunque nada pasaba. De la misma forma, el procurador Miguel Ángel García Covarrubias cada cierto tiempo, que volvía a despertar el tema en medios, aseguraba que la investigación llevaba un alto porcentaje de avance, y que era cuestión de días una acción jurídica. Mantuvo este discurso desde 2013 hasta su salida reciente.

Mientras tanto, Labastida Aguirre obtuvo un puesto en la Secretaría Adjunta de Aseguramiento de Bienes de la Procuraduría General de la República, lugar que tuvo que ocupar luego de su malograda postulación a legisladora federal en 2012, campaña en la cual presumió continuamente su cercanía con el grupo de Enrique Peña Nieto. Su supuesta relación cercana al presidente viene de sus actividades como presidente de la Región Centro de la Federación Nacional de Municipios de México, puesto que obtuvo a principios de 2011, en un evento en el que estaban presentes el entonces gobernador del Estado de México, Peña, y el alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila.

Y aún a pesar de que muchas voces al interior del propio Partido Revolucionario Institucional exigían que fuera llamada a cuentas, e incluso a su expulsión, desde 2014 fue parte del Consejo Político Estatal, que se encargó de los asuntos de selección de candidatos y otras cuestiones partidistas.

 

Golpe en la mesa

Al momento de publicarse esto, han pasado dos días hábiles del gobierno de Juan Manuel Carreras. Y tal y como se advirtiera previamente, los conflictos de poder en las altas esferas han obligado a que el nuevo ejecutivo dé un manotazo en la mesa. Como todo manotazo, es efectista, pero su público objetivo no es solamente la ciudadanía, que ya esperaba un quinazo, sino el interior del propio gobierno y los grupos político empresariales circundantes. Es indudable que la situación delictiva del pasado fin de semana y los últimos dos días influyeron en que se diera esta “coincidencia”, como la llama el gobernador, pero también el manoseo de los priístas notables en las dependencias y el partido, han llevado a que dicha acción se efectúe sin haber pasado siquiera la luna de miel que suelen darse los gobernantes cuando protestan un nuevo cargo.

Ahora sólo queda por ver si dicho golpe no se queda a medias, como ocurrió con las detenciones de Humberto Picharra Carrete y Joel Azuara, oficial mayor y secretario de Finanzas de Marcelo de los Santos, las cuales fueron anunciadas como una señal de la transparencia y justicia que el gobernador Toranzo impondría en la entidad, y que meses después se volvieron humo, al salir por fallas en las averiguaciones y otros tecnicismos legales que, a la larga, permitieron que el estratosférico endeudamiento marcelista quedara impune, sólo con una inhabilitación al ex gobernador, y que fue emitida únicamente cuando insinuó su interés por volver a competir por un cargo público.

JSL
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