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Contradicciones en reglamentos y acuerdos, permitieron contrataciones en el DIF

El “Acuerdo administrativo que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública estatal”, publicado en el periódico oficial del estado en una “edición especial” el 22 de enero de 2010, apenas tres meses después de haber tomado el poder, Fernando Toranzo establecía lineamientos para cumplir varias de sus propuestas de campaña, principalmente respecto a la austeridad que mostraría su gobierno, frente a la suntuosidad del sexenio marcelista.

En el mismo se establecían reglas muy detalladas respecto al manejo de personal, contrataciones, basificaciones y recategorizaciones de los puestos de los diferentes empleados de gobierno. Documento que en varios de sus artículos “congela” la basificación y la creación de nuevas plazas en el gobierno, con la finalidad de ahorrar y poder cubrir los enormes adeudos que dejó la administración anterior.

Esto no impidió que la Junta directiva del DIF aprobara la basificación de 11 personas, la recategorización de siete y la colocación en la nómina del DIF cuatro escoltas de la esposa de Fernando Toranzo.

Aunque cabe aclarar que la situación legal del DIF es poco clara, ya que apenas un año y meses después, en mayo de 2011, una nueva reglamentación publicada en el periódico Oficial, concede una amplia autonomía y, para fines prácticos y bajo ciertas interpretaciones, le da al gobernador o a quien este designe, capacidad ejecutiva sobre decisiones presupuestarias al interior del DIF.

Esto es, la directiva y su presidente, en este caso la esposa de Toranzo, en su reglamento tiene la capacidad de hacer cambios en la plantilla y contrataciones en el DIF, mientras que el “acuerdo de austeridad”, inhabilita no sólo a ella sino a todos los secretarios, para hacer contrataciones a contentillo.

Además, en el mismo “Acuerdo”, mientras que en un artículo señala que  sólo la comisión Gasto Financiamiento puede aprobar contrataciones, en sus primeros artículos señala que serán Finanzas, Contraloría y la Oficialía las que podrán “interpretar” estos lineamientos para casos específicos. Esto deja campo libre para que, aún limitados, se pueda basificar, reasignar o contratar, lo cual en la práctica ya se ha hecho, como se ha visto con los reclamos de los sindicatos mayoritarios, quienes han acusado al gobierno del estado de hacer recortes y forzar renuncias, para abrir espacios incluir en nómina a parientes y amigos.