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Samuel Estrada
La Contraloría del Estado ya exculpó a German González Martí de cualquier responsabilidad por el caso de la compra de terrenos de la colonia Margarita Morán en donde presuntamente habría incurrido en conflicto de intereses, en un documento que posee este medio informativa se puede leer que este funcionario ya ha quedado libre de la suspensión de la que fue objeto en mayo de este mismo año.
El documento dirigido a Ana María Carrera Martel, de la Coordinación General de Apoyo Administrativo de la Secretaría General de Gobierno, y firmado por el Director de Normatividad de la Contraloría General del Estado, expone que con fecha de este 20 de junio pasado, se informa que cesaron los efectos de la Suspensión Temporal por 30 Días Hábiles en el Cargo o Comisión decretada el 9 de mayo pasado a Germán González Martí, Subsecretario Jurídico y de Servicio de la Secretaría General de Gobierno, por lo que quedan expeditos los derechos del servidor público mencionado.
Es decir, que este funcionario público luego de su suspensión estaba siendo sujeto a un Procedimiento de Responsabilidades Administrativas número PARA-050/ 2016, sin embargo ahora ha quedado libre de toda culpa y podrá seguir laborando en la administración estatal de manera regular.
Cabe recordar que fue a principios del mes de mayo, cuando el propio Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías dio a conocer que la administración estatal estaría pagando 33 millones 500 mil pesos por el pago de un terreno a un particular, en donde se encuentra asentada actualmente la colonia Margarita Morán en el sur de la capital potosina, habitada por al menos 500 familias adheridas al movimiento antorchista, esto según dijeron porque se prefirió evitar una confrontación que derivara en hechos de sangre al intentar desalojar el predio de acuerdo a una resolución legal y se prefirió negociar con el propietario legitimo del predio la compra de los mismos a través de la Promotora del Estado.
El problema fue, que de acuerdo a documentos dados a conocer en diversos medios informativos, González Martí formaba parte de un despacho jurídico que defendía a la empresa inmobiliaria a cargo del terreno, al mismo tiempo que ya labora en el Gobierno del Estado, por lo que se presume tráfico de influencias en el caso, puesto que el equipo jurídico de la administración estatal fue el que recomendó que se hiciera la compra para evitar conflicto mayor.
