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Denuncia Petra Puente a alcalde de Real de Catorce por daño moral

petra puente

Petra Puente Córdova.

Asegura que ella no se ha apropiado de inmuebles del casco histórico del pueblo

Samuel Estrada

La ex presidenta municipal de Real de Catorce, Petra Puente Córdova, denunció al alcalde actual del municipio, Héctor Moreno Arriaga, por haberla denostado públicamente y dañado moralmente con sus declaraciones en el sentido de que se habría apropiado de inmuebles del casco histórico del pueblo, cuando, recalcó, por el contrario se logró, a través de los tribunales, recuperarlos para sus legítimos dueños.

Explicó que resulta falso que ella pretenda generar algún tipo de conflicto o violencia sólo por dar a conocer que en tribunales se resolvió de forma definitiva anular todo acto emanado del convenio celebrado entre la alcaldía y el ejido de Catorce y sus anexos, en el que ambas partes disponen de bienes que históricamente son propiedad de los habitantes de Real de Catorce, específicamente en la zona urbana del municipio.

Puntualizó que ni el presidente municipal ni el propio ayuntamiento pueden disponer ni involucrar en convenios tierras y bienes que no les pertenecen, por lo que, según dijo, “esto no es generar violencia ni inestabilidad, es buscar justicia”, y refirió que el hecho es que con este fallo se está corrigiendo un acto que en verdad había generado inestabilidad social y económica en Real de Catorce.

Insistió en que luego de este convenio irregular promovido por el alcalde, muchos de los habitantes se sintieron despojados, así como también se ahuyentó la inversión en el ramo turístico por la incertidumbre de la tenencia de la tierra e incluso se puso en peligro la denominación de Pueblo Mágico del gobierno federal, lo que afectaría no sólo al municipio, sino a toda la zona y el estado.

Para concluir, Puente Córdova hizo el llamado al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, para que ejercite acción penal en contra del propio alcalde Héctor Moreno Arriaga, mediante un juicio de procedencia que se solicitó al Congreso del Estado en razón de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado determinó decretar ilegal e invalidad la sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos que él promovió, esto en el entendido de que se trató de un exceso desmedido de sus funciones, configurándose los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.

JSL
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