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Derechos ciudadanos, anulados por burocracia y sobre regulación: especialista

Marco Iván Vargas  Cuellar  UAMZH

Marco Iván Vargas Cuellar, investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

En México los procesos y derechos ciudadanos se  han sofisticado demasiado lo que imposibilita que la población conozca y entienda las formas para hacer valer sus derechos y ejercer la democracia, consideró el investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Marco Iván Vargas Cuellar.

El especialista, indicó que un derecho ciudadano que se ha limitado por lo complicado de sus procedimientos, es el ejercicio de transparencia y el acceso a la información, que actualmente se ha sofisticado particularmente en las instituciones públicas; “ya la verdad es necesario que le sepas poquito a los derechos de acceso a la información para hacer efectivo el procedimiento”.

A juicio del catedrático, la situación limita las solicitudes de información a académicos, periodistas o personas que están muy interesadas en determinados asuntos, por lo que entonces aquello que es un derecho de los ciudadanos, deja de serlo.

El maestro Vargas Cuellar asegura que una forma de dar certeza al derecho del ciudadano es recobrar el valor público, es decir ponerse en los zapatos de los ciudadanos y tratar de ajustar la prestación de los servicios públicos y los procedimientos desde la perspectiva de los ciudadanos y la forma en que ellos comprenden las cosas, para que con las tecnologías y mecanismos con los que cuenten puedan ponerlos en práctica.

En este sentido, detalla que construir valor público implica preguntarse: ¿Qué es lo que más necesitan los ciudadanos de nuestros servicios? Y ¿Qué es lo que requieren para hacerlos efectivos?

Explicó que la solución es acercar la política y la administración pública a los ciudadanos para generar mayor confianza, puso como ejemplo un caso que se dio en Brasil, donde se llevó a cabo un ejercicio democrático llamado “presupuesto participativo”, que funcionaba de forma tal, que un municipio proponía la utilización de un recurso económico el cual fue organizado, ejecutado y vigilado por los propios ciudadanos.

“En Brasil se ponen de acuerdo por distritos, votan por las acciones propuestas que más requieren, las someten al municipio, y este está obligado a ejecutar, de acuerdo con las reglas del programa y con lo que los ciudadanos deciden”.

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