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Desde hace 12 años, ex custodio del Tutelar espera indemnización

José de Jesús Ortiz Cerda, ex custodio.

Ricarlos I

El caso de José de Jesús Ortiz Cerda, un ex custodio del tutelar de menores que fue separado de su cargo por acusaciones de abuso de autoridad, pero luego absuelto de las mismas, y que nunca fue restituido ni indemnizado, es uno de los ejemplos de disparidad legal que se mantienen en San Luis Potosí. Mientras que el gobierno estatal arguye que no despiden a los policías que fallaron en los exámenes de control y confianza para evitar laudos laborales, él ha pasado 11 años, casi 12, luchando por una indemnización o por lo menos por la devolución de la plaza que se le quitó durante el régimen de Fernando Silva Nieto.

“A mí se me acusa de abuso de autoridad y lesiones en 2003, un mes antes de que terminara su gestión Fernando Silva Nieto, cuando trabajaba como custodio en el Tutelar de Menores. Nunca se me carea con el acusador, nunca se me dan pruebas de mi falta, nunca hay nada que sustente el caso en mi contra, y a pesar de eso, se me quita la plaza, sin que en ningún momento se me declarara culpable. Tan así que a los tres años me declaran inocente, se me absuelve de cualquier cargo, pero no se me devuelve ni mi empleo ni se me indemniza por el despido; no me dicen siquiera un ‘usted disculpe’”, expuso.

Es entonces, continuó, “que me hago de los servicios de un abogado llamado Darío González Castillo, quien me mete en un embrollo legal en el que oficialmente termino sin derechos a exigir nada, debido a que él quiso que me amparara en lugar de apelar sentencia, no se me concede el amparo, y como no apelé, el delito que cometieron al no devolverme mi plaza ni indemnizarme prescribe”.

Incluso, recordó que como parte de las protestas llegó a esposarse a sí mismo a las afueras del Palacio de Gobierno, luego de que Marcelo de los Santos personalmente le dijera que ya no había nada por hacer.

En aquella ocasión, Alfonso Castillo Machuca ofreció, “a cambio de que yo dejara de exigir mis derechos, una plaza como auxiliar en el parque Tangamanga, además de reconocerme los aumentos a mi salario y las prestaciones, pero oficialmente nunca se aceptó nada ni se me dio lo prometido, y peor aún, entre más investigué, descubrí que el abogado Darío González Castillo había estado falsificando mi firma y aprovechando sus contactos en el Poder Judicial; había desistido de mi lucha con papeles apócrifos”.

Ahora que inició un proceso contra su ex abogado, este se ha ostentado como “influyente” entre los jueces que llevan sus casos, al punto que ninguna de las pruebas que ha presentado en su contra han prosperado: “a pesar de que ya se comprobó mediante peritaje que no es mi firma en los documentos que presentaron donde yo renunciaba a mis derechos, aún así no se ha aplicado justicia, ni reinstalándome ni actuando contra este abogado que falseó mis documentos y que bien podría haber actuado en contubernio con los jueces desde el principio para que no se me devolviera ni el empleo ni se me indemnizara”, advirtió.

“Entre una cosa u otra; se me ha negado la justicia, de nada sirve que hasta en Derechos Humanos me dieron la razón, simplemente no cumplen ni con recomendaciones ni con sentencias ni con órdenes de aprehensión contra estos falsificadores y los jueces que los protegen. Ya uno de ellos me había enseñado incluso la orden de captura de ese abogado, y los días pasaron y nunca lo detuvieron, sólo estaba la orden, pero la dejaron guardada, lo que me hace sospechar que esas influencias que dice tener son reales. No es justo, ya son casi 12 años y no se me hace justicia”, finalizó.

JSL
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