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Samuel Estrada
Ejidatarios de varios municipios del Altiplano potosino que engloba la zona de Wirikuta, expusieron su posición en contra de algunos activistas, incluso extranjeros, que buscan la declaratoria de patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera para esta área, lo cual los estaría dejando en un estado de indefensión al no poder ejercer actividades productivas tradicionales en la zona, como la agricultura, la ganadería y hasta la minería.
Al respecto, Olegario Coronado Hernández, coordinador general de la Unión de Ejidos del Altiplano, explicó que esta organización comprende siete municipios de la zona Wirikuta, que son Charcas, Matehuala, Villa de La Paz, Cedral, Real de Catorce y Villa de Guadalupe, y la principal inquietud es que si se va a haceer un proyecto de protección de carácter internacional, que primero se pregunte y se tome en cuenta la postura de los ejidatarios.
Hizo énfasis en que la realidad es que los activistas que impulsan la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad ante la Unesco son personas que no son de la zona, que se han juntado con algunos indígenas wirraricas (huicholes) “rebeldes”, y sobre todo extranjeros, que lo único que quieren es saquear el peyote.
Externó que el próximo 18 de enero llevarán a cabo una sesión plenaria en donde se dará a conocer públicamente el manifiesto del total rechazo a este proyecto por las afectaciones que se harán a las miles de familias de los ejidos de todos estos municipios, a quienes no han tomado en cuenta en absoluto y los dejarían prácticamente sin sustento y en el abandono.
Refirió que si se habla de derechos humanos como lo que quieren que se respete al pueblo huichol, también tienen que tener en cuenta que el acceso al empleo y a una vida digna es un derecho humano y no simplemente porque algunas personas que no son originarias de la zona buscan impulsar este tipo de declaratorias se les debe de otorgar sin miramientos.
Para terminar, recalcó que son más de 48 ejidos los que están representados en esta unión, cada uno con más de tres mil habitantes, es decir que se estaría hablando que, de darse la declaratoria, se estaría dando un golpe muy fuerte a alrededor de 140 mil personas que subsisten de las actividades económicas primarias en esta zona del estado, por lo que es urgente que el gobierno del estado y el gobierno federal intervengan en este caso.
Perjuicio de unos pocos, beneficio de muchos
Por su parte, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en San Luis Potosí, Gastón Santos Ward, señaló que “cuando se desarrolla una zona de protección hacia el medio ambiente o algo similar, significa que se abren nichos de oportunidad nuevos”.
Argumentó que si en determinados ejidos, por la declaratoria de patrimonios culturales o ambientales, resulta que desde el nivel internacional se prohíbe la práctica de algunas actividades productivas que no son ambientalistas, se les tendría que proponer el migrar de actividades y es algo donde se tendrá que analizar cómo es que se pudiera ayudarlos para que puedan realizar otro tipo de acción que no afecte el entorno natural.
Detalló que, aunque no se ha tenido el acercamiento con estos ejidatarios, hay toda la disposición para hacerlo: “yo creo que a veces hay temas que parecieran negativos para algunas familias en lo individual, resultan cosas muy positivas globalmente, pero de cualquier forma se tiene la obligación de apoyar a la gente que se estaría viendo afectada a través de reorientar sus actividades productivas”, aseveró.
Para concluir, refirió que tiene conocimiento que en el estado de Campeche había una región que talaban y quemaban constantemente los ejidatarios para sembrar chiles jalapeños, lo cual era una actividad productiva tradicional pero de poca rentabilidad, posteriormente vino una declaratoria de protección al ambiente de esa región y se ayudó a los ejidatarios a cambiar de actividades y ahora ganan mucho más dinero por actividades que tienen que ver con el turismo de naturaleza.
