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El gobierno pretende “matar” a los pequeños transportistas: AMOTAC

Amotac

Integrantes de Amotac consideran que el gobierno quiere acabar con los pequeños transportistas.

Ricarlos I

El autotrasporte ha sido sistemáticamente relegado por el gobierno desde hace más de 40 años; el sistema federal es obsoleto, la vigilancia en carreteras un fracaso, y pareciera que se trata de matar a la pequeña empresa con las reglamentaciones y los códigos fiscales; la población fue traicionada con la “docena trágica” del PAN y el regreso del PRI no lo ha hecho mejor, advirtieron Rafael Ortiz Pacheco y Adolfo Torres Mendoza, líder y coordinador nacionales de la AMOTAC, durante una reunión mantenida en un hotel del sur de la capital potosina.

Antes, señaló Ortiz Pacheco, “te asaltaban en la carretera para robarte la mercancía, por lo menos en nuestra asociación a nivel nacional estamos sufriendo 300 robos con violencia al mes, que no se llevan sólo los bienes transportados, sino también el vehículo, el combustible y en ocasiones ha cobrado la vida de los choferes, quienes pese a saber que es preferible no ofrecer resistencia para evitar más violencia, igual son asesinados por los delincuentes que operan en todos los estados de la república, no son casos aislados”.

“Te asaltan incluso cuando llevas vacío el tráiler sólo para robarte las llantas, el combustible y las partes caras del motor, a ese punto hemos llegado con la falta de vigilancia en carreteras; sólo en noviembre han asesinado a 10 de nuestros agremiados sólo porque tuvieron la mala suerte de identificar a sus agresores. No respetan la vida del chofer, sea hombre o mujer”, lamentó.

De la misma forma, comentó el “sospechoso caso” de la caseta de cobro en la autopista de Celaya, desde Querétaro, cuando, detalló, aprovechando que los empleados de la estación de peaje cierran sin necesidad varias de las cajas, causando un congestionamiento y tránsito lento, “esto deja a los delincuentes un margen de maniobra enorme para asaltar no sólo a los transportistas, sino a los conductores, pero nadie ha querido investigar nada, por, supuestamente, ser un problema de la empresa concesionaria de los nuevos tramos de esa autopista”, relató.

Transportistas menores, en la mira del gobierno

“El gobierno muy rara vez ha hecho caso de los transportistas si estos no son dueños de alguna empresa enorme relacionada con su partido o sus familiares”, manifestó por su parte Adolfo Torres.

En los años 70, explicó, “incluso había dos sistemas funcionando: el Sistema Público Federal, cuyas placas eran carísimas y se otorgaban a contentillo de los políticos en turno, como las concesiones, y a los que mal llamaban piratas, que amparados por la Constitución seguían usando placas particulares pero tenían permiso federal para trabajar, pero, no siendo parte del SFP, se arriesgaban en cada estado a que cualquier tránsito local los extorsionara sólo con ver placas foráneas”.

Añadió que no fue sino hasta que algunos líderes de esa época “casi que se le plantaron a Echeverría en una gira, le entregaron un fajo de papeles con datos, estadísticas y todo lo que tenían ellos de información sobre el transporte de carga en el país, que el gobierno federal hizo por empezar a regularizar a todos y no sólo a sus grupos de poder”.

Aún así, continuó Torres, con cada presidente era un “volver a empezar”, y más cuando Salinas y su grupo quisieron hacer una apertura comercial, modificando aspectos técnicos sin preguntar o saber y obligando a transportistas pequeños, sin capacidad de cumplir sus estándares en ocasiones irracionales, a cerrar o vender sus unidades a las empresas grandes.

“Y desde entonces todo fue de mal en peor, no sólo no se nos escuchaba, sino que se nos fueron agregando regulaciones, supuestamente por el TLC, que ni en Estados Unidos son tan rígidas; las carreteras libres casi dejaron de existir y las que hay están en condiciones en las que un transporte de carga pesada no puede circular”, puntualizó.

Recordó que con Calderón se agregó que la delincuencia organizada lo controlaba todo, hasta a las empresas grandes les empezaron a cobrar cuota y la situación para los pequeños propietarios se volvió insostenible con los gasolinazos. Expuso que “por eso muchos compañeros prefirieron quemar sus unidades como protesta, para tratar de que los gobernantes se dieran cuenta de su situación desesperada”.

Ahora, consideró, los programas de chatarrización no tendrían porque beneficiar a las empresas grandes, pues ellos, gracias a los créditos que les dan, tienen su maquinaria al día, y los medianos y pequeños no, pero a muchos no los incluyen en los programas: “necesitamos que se nos otorguen esos beneficios, para que incluso, si el transportista ya no puede conducir, por cuestiones de edad, o ya no se siente capaz de mantener la empresa pueda retirarse con algo de patrimonio; en lugar de eso a veces acaban malbaratando sus unidades para poder malvivir los años que les quedan de vida”, indicó.

Incluso, acusó, hay muchas empresas privadas y paraestatales, e incluso gobiernos estatales y municipales, que tienen grandes adeudos con nuestros agremiados y que por ser oficiales o tener contactos no han pagado, lo que, denunció, les quita toda la solvencia financiera que necesitan para mantenerse trabajando, pero los jueces mercantiles alargan los juicios y demandas y mientras tanto el pequeño y mediano empresario se queda sin trabajadores o hasta sin unidades: “esto no puede seguir así”, sentenció.

JSL
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