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Emite la CEDH recomendación contra ayuntamiento soledense

Ricarlos I

Luego de casi tres meses de estudiar el caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación para el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por violar los derechos a la salud de más de una veintena de sus trabajadores, a los cuales, tras ser despedidos, les fue negado el servicio médico a pesar de que según sus propios reglamentos gozaban de acceso al mismo hasta por 90 días después de su cese.

“El denunciante expuso en su queja que las víctimas fueron despedidos de su trabajo y de manera inmediata fueron dadas de baja del servicio médico que recibían por formar parte de la plantilla laboral; se les ha negado la atención médica a los trabajadores, así como a sus beneficiarios, a pesar de que no habían transcurrido los 90 días a los que tienen derecho de acuerdo al reglamento para el otorgamiento y uso del servicio médico para los trabajadores al servicio del H. ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mismo que señala que, una vez que un trabajador haya causado baja de su empleo, tiene derecho a gozar de atención médica 90 días contados a partir de la terminación de la relación laboral”, reza el comunicado de la CEDH.

Por su parte, las víctimas señalaron que al ser dados de baja de la nómina municipal requirieron el servicio médico, no obstante, al presentarse en los servicios médicos municipales y solicitar el pase para acudir a su cita, este les fue negado y les informaron que están dados de baja del servicio.

Este organismo autónomo detectó que entre los derechos vulnerados por la autoridad municipal del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se encuentran la protección de la salud; acciones y omisiones que limitan el acceso al servicio público de salud.

“Con motivo de lo anterior, el 26 de agosto de 2014, este organismo pidió al secretario del ayuntamiento el cumplimiento de una medida precautoria a fin de que se garantizara de manera efectiva el derecho a la protección de la salud, ya que las víctimas continuaban sin recibir atención médica, toda vez que en servicios médicos del ayuntamiento les informaron que no se les podía proporcionar el pase correspondiente para recibir atención porque estaban dados de baja del servicio”, detalló la CEDH.

Además, puntualizó la dependencia, “el 16 de octubre de 2014 esta Comisión Estatal le reiteró la medida al secretario del H. ayuntamiento a fin de que girara instrucciones a las diversas instancias municipales involucradas en la prestación del servicio médico y se diera cumplimiento a las medidas solicitadas”.

Como respuesta, el secretario del ayuntamiento soldense, Pedro de Jesús Olvera Vázquez, avisó la aceptación de la medida precautoria y aseguró que giró instrucciones al oficial mayor, a la directora de Recursos Humanos y al coordinador de Servicios Médicos para que se continuara proporcionando el servicio a los trabajadores en un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente que haya concluido la relación laboral con el ayuntamiento, lo que sucedió sólo con siete personas que fueron dados de alta, pero el resto (17) no, lo que manifiesta el incumplimiento de la medida precautoria solicitada por la CEDH.

También contra la SSPE

Al mismo tiempo, la CEDH emitió una nueva recomendación en contra de una detención arbitraria ocurrida en marzo de este año, efectuada por agentes de la Policía Estatal en contra de dos vecinos de la colonia Rural Atlas, a quienes se quiso inculpar de narcomenudistas, golpeándolos y amenazándolos.

Los hechos ocurrieron el 13 de marzo a las 12 horas, cuando los quejosos se encontraban afuera de un condominio en la colonia Rural Atlas y fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública del Estado, quienes los subieron a la azotea de ese edificio, donde comenzaron a golpearlos, mientras que otros policías ingresaron al domicilio de una de las víctimas.

Después trasladaron a uno de ellos a una bodega, donde les dieron golpes con una tabla en los glúteos, en las costillas y en el estómago, al tiempo que lo interrogaban sobre “la persona que vendía la droga”, y al no proporcionar datos, uno de los agentes dijo “a este me lo sacan y lo tiran”; siendo llevado a la localidad El Peñasco, donde lo dejaron en un lugar despoblado.

La otra víctima sostuvo que en la azotea del condominio le dieron golpes en el estómago mientras le preguntaban “dónde estaba la droga y quién la vendía”, y que junto a su acompañante fue trasladado a un lugar donde los policías bajaron una cortina metálica negra, y al introducirlo a ese lugar le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, golpeándolo en el estómago y en la espalda hasta que se desmayó, agresiones que realizaban mientras le preguntaban “para quién trabajaba… te vamos a  matar y te tiraremos al monte”. Al recobrar el conocimiento le pegaron en las rodillas y en el estómago además de pisarlo en los pies.

Luego lo trasladaron al edificio de Seguridad Pública del Estado y, antes de pasarlo con el médico legista, los agentes aprehensores le advirtieron que no dijera nada sobre las agresiones, ya que nuevamente lo golpearían. Posteriormente fue puesto a disposición de la unidad especializada en combate al narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se radicó en su contra la averiguación previa.

“Los Derechos Vulnerados son: Libertad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica,  integridad y seguridad personal, y a la inviolabilidad del domicilio. De acuerdo con los datos que recabó personal de la Comisión Estatal, se observó que la primera víctima, presentó hematoma de color violáceo en ambos glúteos, así como el muslo; escoriaciones, hematomas en la región lumbar y sacra, petequias en la región infraescapular izquierda y hematoma que comprende todo el abdomen”.

La segunda víctima de acuerdo con las certificaciones médicas que le practicaron el 13 de marzo de 2013, por el perito de la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, señala que dicha persona presentó escoriación en codo izquierdo, equimosis vinosa en región escapular derecha y escoriación en ambas rodillas, información constatada con la certificación ministerial que realizó el  Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la PGJE. Al igual que la certificación médica del 15 de marzo de 2013, que realizó personal de la Subdirección Médica.

JSL
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