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En Informe Especial sobre manifestaciones, concluye la CEDH que Policia Estatal es represora

profesor

Fotografía: César Rivera

 

Jorge Torres

La CEDH emitió el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos a la libertad de expresión y de manifestación en el estado de San Luis Potosí, donde se hace un análisis de algunas protestas que hubo en el estado entre 2013 y 2014.

Concluye que la Policía Estatal no actuó de buena forma, por lo cual violentó los derechos humanos de los manifestantes al realizar actos de represión contra las personas que, en muchos de los casos, realizaban protestas pacíficas, por ello emitió seis propuestas al gobierno estatal para la correcta actuación de los agentes policiacos en las manifestaciones

En el informe se destaca que el material recopilado durante la investigación se encuentra integrado en los expedientes de queja 1VQU-464/13, 1VQU-603/13, 1VQU-557/14 y 1VQU-644/14, que se refieren a un plantón en plaza de Armas el 15 de septiembre de 2013, una protesta en plaza de Armas del 13 y 15 de diciembre de 2013, con relación a la reforma energética; una protesta en la Confederación Nacional Campesina, Delegación San Luis Potosí, el 24 de mayo de 2014, y un plantón en plaza de Armas el 28 de agosto de 2014.

En esas manifestaciones se documentaron actos de represión por parte de policías estatales, en donde los uniformados desalojaron a todas las personas inconformes, a algunas las empujaron, e incluso provocaron lesiones graves a personas que tuvieron que ser hospitalizadas.

“Se observó que los agentes de la Policía Estatal no adoptaron medidas para garantizar los derechos humanos de las personas que participaron en las manifestaciones, así como de las propias autoridades, ya que se vulneró su derecho a la integridad personal, haciéndose evidente de que no se aplicaron métodos no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza”, señala el informe.

El informe señala seis propuestas para el gobierno estatal que encabeza Juan Manuel Carreras. Primero, que se repare el daño a los manifestantes que fueron afectados en su integridad personal, así como de los elementos de la Policía Estatal que realizaron el desalojo y que fueron documentados en el Informe Especial, dentro de la cual se incluya, de ser el caso, el pago de gastos por atención médica.

Segundo, que se colabore ampliamente en la integración del procedimiento administrativo de responsabilidad que, en su caso, se inicie en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

Tercero, que giren las instrucciones pertinentes a quien corresponda a efecto de que a la brevedad se elaboren los protocolos de actuación y manuales de intervención en contextos de marchas, manifestaciones y escenarios de protesta social.

Cuarto, que en los casos que se requiera o sea indispensable la intervención de la fuerza pública en el contexto de una manifestación, capacitar a los cuerpos de seguridad pública para que actúen bajo los principios de oportunidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza frente a agresiones o ataques de terceros, con estricto apego a los derechos humanos, en particular los derechos la libertad de expresión, de reunión y asociación, de manifestación, integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica.

Quinto, proporcionar a los agentes de policía adiestramiento y capacitación en técnicas que le permitan identificar los niveles de tensión social entre los distintos grupos sociales y de estos con las autoridades, con el objetivo de que utilicen métodos de diálogo, mediación, solución de conflictos y negociación.

Y sexto, que se garantice que los policías que participen en contextos de marchas, manifestaciones y escenarios de protesta social, cuenten con el equipo protector, escudos, chalecos y cascos, y reciban la capacitación correspondiente para la utilización de los mismos en los casos señalados por su normativa y los protocolos de actuación.