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En Matehuala, parquímetros operan de manera ilegal: ONG

parquímetros

Angélica Campillo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) clausuró cinco parquímetros que fueron colocados sobre muros de construcciones históricas en la ciudad de Matehuala. Esto ocurrió los primeros días de noviembre y fue el presidente municipal, José Everardo Nava Gómez, quien solicitó la medida.

Cabe señalar que la operación del total de los parquímetros de esa ciudad se ha estado dando de manera ilegal, ya que si bien es cierto fueron aprobados por el Cabildo, no los aprobó el Congreso del Estado de San Luis Potosí, refirió José Ismael Leyva Nava, integrante de la organización no gubernamental Acción Política Matehuala.

Leyva Nava dio a conocer que la orden de clausurar los parquímetros provino del INAH, al parecer como estrategia para detener momentáneamente la operación de los mismos.

Asimismo, indicó que fue el ex presidente municipal Héctor Fermín Ávila Lucero quien dio la autorización a la empresa de instalar los parquímetros en lugares prohibidos por el INAH (en agosto de 2015) ante un total desconocimiento del daño que se hacía a edificios históricos.

También refirió que este instituto no dio autorización para instalarlos, ya que afecta la imagen urbana y el patrimonio que representan los edificios históricos del lugar. “Consideramos que es un buen paso, mas no la solución integral de un problema mucho mayor que eso”, recalcó.

Argumentó que el proyecto de los parquímetros, desde su instalación en 2010, durante la administración de Francisco Javier Hernández Loera, fue un asunto opaco, dado que mantenía al municipio bajo las condiciones impuestas por la empresa que contrataron. “Hubo dolo en todo el contrato, cargando la balanza hacia la empresa arrendadora”, enfatizó.

Precisó que el 11 de agosto de 2010 se firmó el contrato maestro y la empresa encargada de manejar los parquímetros en aquella ocasión fue Operadora Central de Estacionamiento SA de CV, representada por Iván Gutiérrez Escobar.

“Los aparatos desde su inicio se arrendaron, cuando una mejor solución, y por mucho, pudo hacer sido el adquirirlos bajo una licitación, para que todo lo recaudado fuera para el municipio”.

En este sentido dio el ejemplo de los parquímetros que actualmente operan en San Luis Potosí capital, los cuales son exactamente iguales a los que se colocaron de inicio en Matehuala y su costo por unidad era solamente un tercio, 142 mil pesos, de lo que a los matehualenses les costó arrendar cada uno de ellos inicialmente, “un defalco de 8 millones de pesos a las arcas municipales y eso sólo por contratar, sin tomar en cuenta los intereses acumulados que hoy nos tienen completamente endeudados”, consignó.

Asimismo manifestó que la actual empresa (filial de la primera) Iberparquin, entró en funciones el 10 de agosto de 2015, fecha en que se firmó el contrato, y fue ésta la que se encargó de instalar los aparatos, por orden del presidente municipal de ese entonces, en los lugares que el INAH prohibía, sin embargo, nunca entraron en operación.

Municipio adeuda a la empresa

Acerca del monto que le correspondería al municipio de Matehuala por la recaudación de la operación de estos parquímetros, reconoció que si bien al principio el ayuntamiento sí estuvo recibiendo capital, todo lo recaudado lo transferían a la empresa OCE.

Estimó que la deuda que el municipio de Matehuala tiene con esa empresa (operó desde agosto de 2010 a agosto de 2015) es de alrededor de 47 millones de pesos y con Iberparquin (actual compañía encargada de operar los parquímetros) es de aproximadamente 15 millones de pesos.

Aseguró que la presente administración no ha recibido nada de lo recaudado de los parquímetros en los dos meses que lleva de gestión, porque prefieren esperar hasta revisar cómo se encuentra dicha situación.

En relación a esta situación, los miembros de la ONG apartidista señalan que “los responsables de administrar nuestro municipio, presidentes municipales, síndicos y regidores que ha habido en las administraciones 2009-2012 y 2012-2015 tienen una enorme responsabilidad al aceptar y firmar convenios que en nada han beneficiado al municipio y que actúan con total dolo”.

Comentó que todos esos funcionarios tienen una responsabilidad que enfrentar debido a la situación económica en que dejaron al municipio, con una deuda histórica, que en cuestión únicamente de parquímetros, supera los 60 millones de pesos.

“Por ejemplo en el último convenio ratificado ante el juzgado días antes de que concluyera la administración 2012-2015, viene una cláusula donde el municipio se comprometió, que de no hacer el pago de una sola mensualidad a la empresa operadora de los parquímetros, consideraría el asunto juzgado a favor de la compañía Iberparquin, ante las diferentes instancias. Cosa que ocurrió y ahora la empresa arrendadora puede embargar inmuebles o cuentas corrientes del municipio, ya que fallaron a su favor”, detalló.

Cabe señalar que todos los convenios se firmaron sin la autorización del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por lo cual operan en total ilegalidad.

Además recalcó que las personas que se dedican a inmovilizar autos por falta de pago del los parquímetros trabajan para la misma empresa, y no lo hacen las instituciones de tránsito o policía municipal, faltado a un fallo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde indica que estos últimos serán los únicos facultados para hacerlo.

JSL
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