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Falsea Gobernación versión de desalojo en Cerro de San Pedro, asegura afectado

Cerro de San Pedro

Eduardo González Sierra.

Samuel Estrada

Desde la semana pasada, regidores del ayuntamiento de Cerro de San Pedro mantenían un plantón a las afueras de la presidencia municipal del municipio por el adeudo en el pago de sus salarios, pero también para trabajadores y proveedores de la administración. Este lunes, el secretario general de Gobierno, Eduardo González Sierra, anunció que, gracias a la intervención del gobierno del estado, se había llegado a un acuerdo entre la tesorería y los inconformes, por lo que se levantó de forma pacífica su manifestación, sin embargo, de acuerdo a versiones de testigos y regidores que se encontraban en el lugar, en realidad se trató de un desalojo por la fuerza, ya que arribaron al menos dos docenas de policías estatales del grupo de antimotines a “liberar” el exterior de la alcaldía.

El funcionario, en sus oficinas de palacio de gobierno, refirió: “el fin de semana tuvimos la solicitud de la presidenta Rosaura Loredo para que pudiésemos coadyuvar para resolver este conflicto, por el retraso en el pago de las dietas de los regidores, pero alrededor de las 10 de la mañana llegamos a un acuerdo y ya no hay plantón en este municipio”.

Aseguró que personal de la Secretaría General de Gobierno platicó con el grupo de inconformes a solicitud de la presidenta municipal, dialogaron y se pusieron de acuerdo en las condiciones del pago, que no es nada más de unos regidores: “el problema financiero es grave, la propia presidenta municipal y el Cabildo han privilegiado pagar a los trabajadores de base, por lo que ya no ha alcanzado para pagarle a los ediles y a ella misma, que no ha cobrado”, argumentó.

Indicó que Rosaura Loredo ha demostrado que prefirió anteponer el interés de los que menos salario tienen, que son mayoría, y que son los que hacen posible la actividad diaria de los ayuntamientos, ya que son los que prestan los servicios a la ciudadanía, y los servidores públicos tuvieron que “sacrificarse”, ya que verdaderamente está muy estrecha su situación financiera, sin embargo aun así se llegó al acuerdo de que, antes de que concluya la administración, será saldada la deuda tanto con los regidores como con los demás compromisos financieros que hace falta afrontar.

No fue un acuerdo concertado; la fuerza policial coaccionó el desalojo

Por su parte, Juan Carlos Ojeda Gutiérrez, regidor sampetrense que no ha recibido su sueldo desde hace al menos tres quincenas y que se encontraba en el plantón a las afueras de la presidencia municipal, detalló que no se trató de ningún acuerdo y que el secretario general de Gobierno ha falseado la versión, ya que llegó, en efecto, personal de Gobernación a intimidarlos con al menos dos docenas de policías antimotines.

“Solamente porque a último momento decidimos quitarnos para que no hubiera enfrentamiento violento, pero definitivamente nos hostigaron y no hubo ningún acuerdo; se trató básicamente de un desalojo por parte de estos granaderos, Nos quitaron nuestras cosas y las metieron a la presidencia municipal, pero se trataba de fuerzas desiguales; nosotros no éramos ni diez en el plantón”, relató.

No obstante, recalcó que no ha habido ningún tipo de acuerdo ni con el tesorero ni con la presidenta municipal, solamente llegaron los policías y el personal de Gobernación, que fue el que les advirtió que si no desalojaban el plantón ya estaban listos los efectivos para retirarlos por la fuerza, y era evidente que no se iban a poder resistir por el número de policías que eran, por lo que prefirieron moverse, pero advirtió que no se dejará de reclamar el pago de lo que se adeuda.

Por último, hizo hincapié en que financieramente la administración de Rosaura Loredo ha sido un desastre, puesto que se encuentra el ayuntamiento quebrado, por lo que no sólo se adeuda a regidores, sino también a trabajadores administrativos y a proveedores, y la alcaldesa lo único que ha hecho es poner de pretexto que la minera San Xavier no ha cumplido con su cuota para con el ayuntamiento, por lo que ya se ha procedido de forma legal y se ha enviado un documento al Congreso del Estado para que procedan las responsabilidades correspondientes en contra de la munícipe sampetrense.

JSL
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