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Falta voluntad de las autoridades para atender violaciones contra jornaleros

jornaleros

Activistas y académicos lamentan las malas condiciones laborales para los jornaleros.

“Inexistencia jurídica” de los ranchos, de los problemas principales: activistas

Doré Castillo

Hay poca voluntad de las autoridades para atender las violaciones a las que empresas agrícolas someten a jornaleros del Altiplano potosino, denunciaron académicos y activistas defensores de derechos humanos, en seguimiento al accidente que se suscitó a mediados de 2014 que ocasionó la muerte de tres indígenas de Guerrero, entre ellos dos niños de ocho años.

En la presentación de los avances del caso, miembros de las organizaciones civiles Respuesta Alternativa, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, así como académicos de la clínica de litigio estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, denunciaron que a siete meses del suceso los afectados continúan sin indemnización y reparación justa de los daños.

La activista Lilia del Carmen Romero Perea expresó que, tras la volcadura de la camioneta que transportaba a 39 trabajadores al sitio donde estarían hospedados durante la cosecha, la parte laboral contratista fue omisa en reconocer sus responsabilidades y atención inmediata al caso, motivo por el cual calificó de lamentable que sean tragedias de esta naturaleza las que evidencien la falta de revisiones de las condiciones laborales por parte de las instancias gubernamentales.

Por su parte, Ricardo Sánchez García, representante legal de cuatro familias de las víctimas, detalló que una de las principales problemáticas que han enfrentado durante el caso ha sido la situación de “inexistencia jurídica” de los ranchos en que trabajan los jornaleros, puesto que esto obstaculizó que fueran emprendidas con rapidez las acciones legales correspondientes contra Jesús Zárate Vázquez, propietario del rancho.

El abogado señaló que, aunado a ello, han sido identificadas estrategias empleadas por los dueños de las empresas para evitar cumplir sus responsabilidades como contratistas; entre ellas el uso de diversos nombres falsos para dificultar ser identificados, así como el desgaste económico al que son sometidos abogados y familiares, quienes deben acudir reiteradas veces a las comparecencias aunque no exista un avance, con el único propósito de que los acusantes “se cansen, se desgasten y abandonen”.

Asimismo, el académico Guillermo Luévano Bustamante consideró lamentable la falta de compromiso por parte del delegado de la Secretaría del Trabajo y las omisiones que ha mostrado la dirección, puesto que, al revisar las condiciones en que trabajan los jornaleros, “no encuentran las condiciones de explotación infantil, de condiciones de trabajo y de vivienda indignas que las asociaciones civiles sí identifican”.

Por tal motivo, los activistas y académicos involucrados en el caso reiteraron la falta de pronta atención de las instancias correspondientes a la reparación del daño de las familias afectadas, así como el fin al incumplimiento de la ley que garantice los derechos vulnerados a las familias jornaleras afectadas.

JSL
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