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29 noviembre, 2017
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Frente Anticorrupción pide a legisladores federales investigar cuentas de SLP y Soledad

Fotografía: César Rivera.

Angélica Campillo

Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción se reunieron con los legisladores federales que conforman la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para exponer la amenaza y grave opresión que se vive en San Luis Potosí a raíz de la llegada de los gobiernos del PRD a San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez, y además solicitaron su intervención para investigar, auditar y sancionar a los responsables de estos dos municipios debido a ciertas irregularidades en sus gestiones.

En su intervención, Manuel Nava Calvillo aseveró que en San Luis Potosí está fincándose un cacicazgo debido a dos personajes: Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, padre e hijo respectivamente, quienes desde 2009 se han apropiado de las presidencias municipales de Soledad de Graciano Sánchez y ahora de la capital potosina.

Refirió que en enero de 2015, cuando Gallardo Cardona había solicitado licencia porque quería participar en la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí fue enviado a prisión por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, pero a casi un año de su captura fue liberado porque configuraron mal la averiguación, aunque señaló que quedó demostrado que más de 200 millones de pesos fueron desviados de las arcas municipales a una clínica donde le brindaban asistencia médica a los empleados del ayuntamiento de Soledad.

De igual forma apuntó que a fines de marzo de 2016 se difundió el caso de la presunta proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz, a quien el ayuntamiento capitalino, encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, le pagó más de 66 millones de pesos en el transcurso de tres meses.

Apuntó que en junio del presente año se dio a conocer la existencia de un video donde se develaba la presunta red de corrupción entre el Poder Legislativo de San Luis Potosí y la Auditoría Superior de Estado, a lo que se denominó “ecuación corrupta”, y en la que supuestamente algunos diputados pedían moches a los alcaldes de los municipios a cambio de borrar las observaciones detectadas por la ASE. Cabe destacar que entre ellos figuraron los nombres de Enrique Flores Flores del PAN, Manuel Barrera Guillén del PVEM, J. Guadalupe Torres del PRD, así como Óscar Bautista Villegas del PRI.

Nava Calvillo mencionó que llama la atención que en la cuenta pública de 2016, el ayuntamiento de la capital potosina no tenga ninguna observación por parte de la ASE.

Destacó que el FCA logró que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, renunciara a su cargo; que tres de los cuatro diputados mencionados en la ecuación corrupta solicitaran licencia; así como también se logró el desafuero de Enrique Flores; y posteriormente se dio la declaratoria de la eliminación del fuero para el estado de San Luis Potosí, que fue publicada en el Periódico Oficial el pasado 30 de octubre.

Por su parte, el vocero del FCA, Hugo Stevens Amaro, aseguró que no pertenecen a ningún partido político sino que buscan que haya transparencia y rendición de cuentas en la entidad potosina, y como organización hacen su parte en denunciar y resistir arriesgando sus vidas y las de sus familias, ya que ante la indiferencia, impotencia o complicidad de las autoridades locales, se ven obligados a recurrir a instancias federales antes de que San Luis Potosí sea una zona de desastre político, pérdida de gobernabilidad por el empoderamiento de la delincuencia organizada y masacres que aún se pueden y deben prevenir.

Comentó que la mayor obligación de toda autoridad, de todos los niveles de gobierno, es garantizar la seguridad, la paz pública, y un ambiente propicio para el desarrollo de las familias y de las empresas, por lo que la única solución factible para remitir esta situación antes de que sea demasiado tarde es la intervención de la Federación, por las vías de la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, y el mismo Congreso de la Unión para investigar, auditar y sancionar a los responsables de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital potosina.

Los integrantes del FCA entregaron un pliego petitorio a los miembros de la mencionada Comisión donde se encuentran: el adoptar medidas para que los potosinos conozcan la información relativa a las Cuentas Públicas de 2016 y años anteriores, y que con ello cuenten con elementos para poder detectar irregularidades que deban ser denunciadas ante la ASF, ya que a pesar de que se entregaron los informes finales de auditoría al Poder Legislativo, hasta la fecha el órgano fiscalizador no los ha publicado.

Asimismo les solicitaron evaluar la posibilidad de aplicar auditorías especiales a los ayuntamientos que no tuvieron observación alguna o irregularidades mínimas por parte de la ASE, como fue el caso del ayuntamiento de la capital.

De igual forma, se les pidió proponer otro punto de acuerdo en el Pleno de la Cámara de Diputados, para pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) que evalúe la pertinencia de intervenir en los delitos de carácter federal en los que se haya incurrido, tanto en el funcionamiento de la ecuación corrupta, como el consecuente encubrimiento de desvíos de recursos de carácter federal al omitir o borrar las observaciones sobre irregularidades por la vía de componendas o extorsiones.

JSL
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