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Gallardo está cometiendo un error en materia ambiental, señala especialista

Gallardo

Ramón Ojeda Mastre.

Jorge Torres

El secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental, Ramón Ojeda Mestre, consideró que el ayuntamiento que encabeza Ricardo Gallardo Juárez está cometiendo un error en el tema de la recolección de basura, pues dijo que el conflicto con la empresa Vigue Red Ambiental ha traído como consecuencia que de manera “irregular e ilegal” se depositen los residuos en el tiradero de Peñasco, que está sujeto a un proceso de clausura y saneamiento, de acuerdo a la norma 083 en materia ecológica, por lo cual pidió a ambas partes que “paren de golpe el carro” y arreglen este conflicto lo antes posible.

“Ahorita lo que se están haciendo en San Luis Potosí es que están mandando a depositar los desechos en Peñasco, fuera de norma, entonces en dos o tres días tendría que intervenir la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) para decir que no están haciendo lo adecuado, entonces se agrava el problema; si no se puede en Peñasco, ¿en donde se va a depositar?”, cuestionó Ojeda Mestre.

De la misma forma, señaló que se pueden buscar otros terrenos, pero eso costaría mucho y se llevaría un par de años su aprobación y por ello se tiene que actuar con prudencia en este tema, asimismo mencionó que aquí de lo que se trata es que se procure cumplir con la Ley General para la Prevención y Control Integral de los Residuos Sólidos, la cual es una ley obligatoria para todo el país, así como su reglamento.

Puntualizó que esa normativa marca que se tiene que tener un programa integral para el manejo de residuos en el estado, y dentro de ese programa integral debe estar incorporado el manejo de los residuos sólidos adecuado.

Destacó que el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, por las posturas que ha manifestado públicamente tiene la intención de anular el contrato de prestación de servicio de recolección y disposición final con la empresa Vigue Red Ambiental, pero el problema es que no se puede hacer esto de un día para otro, pues pasar de un manejo de empresa privada a un manejo público se tarda por lo menos dos años y cuesta “bastantes” millones de pesos, aunado a que la situación que está viviendo el país en materia económica es crítica y no hay eficientes recursos de la Federación ni los Estados para enfrentar situaciones extraordinarias.

Pidió a ambas partes arreglar sus diferencias por el bien de los ciudadanos: “no podemos permitir que este problema crezca, necesitamos hacer una convocatoria a las partes para que traten de resolver los asuntos por la vía del diálogo; insisto, si quieren cancelar el contrato, tiene que sujetarse a las normas establecidas para ello”, concluyó.

JSL
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