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La organización feminista denominada “Colectiva La Castilla Combativa” y diversas organizaciones emitieron un comunicado mediante el cual manifestaron su oposición a que sea discutida en el Congreso del Estado la iniciativa ciudadana presentada por Jordi Vilet Ocaña con la que se busca penalizar el aborto incluso en los casos de violación.
En el comunicado aseguraron que desde la exposición de motivos la iniciativa ” inventan consecuencias negativas en la vida de las mujeres al practicarse abortos”. Se reproduce íntegramente el contenido del comunicado a continuación:
A todas las feministas y mujeres de México
A las mujeres de San Luis Potosí en específico
A todas las personas que luchan por terminar con la violencia hacia las mujeres
El día de martes 16 de febrero de este año, apareció en la gaceta legislativa una propuesta de Jordi Vilet Ocaña, presentada en su calidad de ciudadano, la cual pretende reformar el Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí. Dicha reforma tiene como objetivo incluir un apartado IV, V y VI en el artículo 128 para penalizar el aborto en caso de violación o inseminación artificial, así como en casos de malformaciones y alteraciones genéticas o congénitas. Por otra parte, pretende deroga el apartado II del artículo 130 que contempla como inpunible el aborto en los casos mencionados, mismas que son totalmente legales en el texto vigente, pues penalizarlas es a todas luces un acto de crueldad y violencia hacia las mujeres que viven estas situaciones.
Cerca de doscientos años de lucha por los derechos de las mujeres se reflejan en diversos documentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y Plataforma de acción de Beijing, así como, a nivel regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para”.
Recientemente, un comité de la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al estado de Perú por no asegurar el acceso a un aborto seguro y legal, es decir, reconoció el aborto como un derecho humano. Todos estos documentos están suscritos por el Estado mexicano, garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y tienen carácter vinculatorio y rango constitucional superior para los operadores jurídicos, incluyendo las legislaturas estatales. Ante este panorama, en un estado en el que supuestamente se representa a las ciudadanas y ciudadanos bajo un discurso de “espíritu democrático”, resulta contradictoria y alarmante la presentación de iniciativas ciudadanas con tufo confesional que pretenden llevar a cabo un retroceso en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres, específicamente en el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, especialmente, en situaciones límite como es el caso de una violación.
Más allá de la visión jurídica, no debemos soslayar que esas figuras públicas hondamente patriarcales que pretenden normar el control de los cuerpos de las mujeres, que insisten en la sacralidad de la vida en determinados espacios y en otros propician una atmosfera de muerte (de mujeres, de periodistas, de estudiantes), no sólo no asumen la responsabilidad de la reproducción social (como tampoco lo hace el Estado), sino que se benefician de la riqueza social que las mujeres producen gracias al enorme trabajo de crianza, cuidado y doméstico que, al mismo tiempo, está racializado y determinado por la clase social. No serán las hijas de esos varones acomodados y llenos de prejuicios religiosos las obligadas a vivir una maternidad paupérrima o las que sufran las consecuencias terribles de la criminalización del aborto.
En la exposición de motivos de dicha propuesta se inventan consecuencias negativas en la vida de las mujeres al practicarse abortos, muchas de ellas son precisamente causadas por la penalización de esta práctica que orilla a una mujer desesperada a practicarse abortos clandestinos en lugares desprovistos de higiene y ética, ya que el Estado niega toda información para llevar a cabo el procedimiento sin riesgos, procesos que son de conocimiento público y que la OMS ha publicado.
Es la penalización del aborto una justificación para encarcelar mujeres que toman decisiones cruciales en su vida y lleva a la muerte a muchas otras por marginarlas a la clandestinidad. Éstas y aquellas son razones por las que las y los legisladores están compelidos constitucional y moralmente a observar el proceso de discusión de iniciativas ciudadanas y a desechar las propuestas que posibiliten violaciones a derechos humanos.
En ese sentido, la colectiva “La Castilla Combativa”, las organizaciones y personas que suscriben el presente documento nos oponemos a que prospere siquiera la discusión de una iniciativa ciudadana que niega los derechos humanos de las mujeres, pretensión que más bien debiera dar lugar a pesquisas por parte de la CONAPRED que a una discusión asamblearia. Las y los signantes daremos la legítima lucha en defensa de nuestros derechos e invitamos a todas y todos quienes estén a favor de la causa a que no permitan tal atropello.
Atentamente:
Colectiva La Castilla Combativa
Profesoras y estudiantes del posgrado de estudios e intervención feminista del Centro de estudios superiores de México y Centroamérica de la Universidad de ciencias y artes de Chiapas
Clitósfera
Nosotras Colectiva (Sonora)
Marcha de las Putas de Sonora
Comunidad vista hermosa AC
Partido Obrero Socialista, San Luis Potosí
Fatima Patricia Hernández Alvizo
Marcela Fernandez Camacho
Dinorath Peralta Saucedo
Susana Estela Ortiz Medina
Mónica Reynoso
Johana Ventura Bustamante
Ana Isabel Viera Palencia
Mariana Prieto Montañez
