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Liberan a acusada de aborto en la Huasteca; activistas advierten discriminación

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Hace unas horas en un noticiero radiofónico nacional, conducido por Adela Micha, el diputado Jorge Escudero afirmó que Rocío Pérez Hervert, la indígena de Tamazunchale detenida el fin de semana pasado por supuestamente haberse practicado un aborto, ya había sido liberada aunque sin serle retirados los cargos.

La mujer, de 37 años y madre ya de 5 hijos, se presentó en la clínica del Seguro Social “Oportunidades” en la cabecera municipal, presentando una fuerte hemorragia que ponía en peligro su vida, luego de un mes y una semana de haber quedado embarazada.

Al ver los médicos la situación la atendieron pero también dieron aviso a las autoridades por lo que el domingo pasado, apenas siendo dada de alta del hospital, fue detenida por agentes de la policía estatal y ministerial, basados en los dichos de algunos de los doctores y enfermeras del nosocomio.

Por el caso de Rocío Pérez, el Congreso de San Luis Potosí, a propuesta de Jorge Adalberto Escudero y de la diputada Rosa María Huerta Valdez, aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno estatal y a la Procuraduría local que la mujer enfrente en libertad el proceso penal a que es sometida y que se tenga en cuenta la condición cultural, social y económica de la indiciada, quien es madre de cinco niños y en su seno familiar hay antecedentes de violencia.

Corrupción y prejuicio, causas de la criminalización

Según José Mario de la Garza, de la asociación Renace, especializados en la defensoría de personas de escasos recursos, los casos de personas enjuiciadas y sentenciadas por aborto no pasan de la docena al año, pero el número de averiguaciones previas iniciadas es mucho mayor, a instancia principalmente de doctores y enfermeras en zonas marginadas.

“Desafortunadamente, esto se presta bastante a la corrupción, pues con la amenaza de cárcel, los ministerios públicos y policías extorsionan a las acusadas y sus parejas, cobrándoles multas y cambiando reportes, haciéndoles supuestos estudios para comprobarles el delito, al grado de que las personas de escasos recursos prefieren buscar pagar con tal de no terminar en prisión, cuando según el mismo derecho estatal ni siquiera tendrían por qué tener un proceso, pues para detenérseles deben ser atrapados en flagrancia, cuando en las clínicas sólo acuden cuando el supuesto crimen ya se efectuó, y dichos efectos, hemorragias y otras condiciones, pudieron ser causados por mil razones más, como la desnutrición o la edad de los pacientes. Es un caso típico de saña de la justicia con una clase socioeconómica baja”.

Por su parte Marcela García Vázquez, de la agrupación Nueva Luna, advierte que estas causas no sólo son una cuestión de corrupción, sino directamente de discriminación social y hasta racial: “Si llega una mujer a la clínica y los doctores y enfermeras no los ven como de extracción socioeconómica baja o pertenecientes a alguna etnia, no dicen nada ni llaman a ninguna autoridad, aunque muestre los mismos síntomas ya sea de hemorragia o alguna otra condición, pero en cuanto se trata de una indígena o alguien marginado, rápidamente se quieren lavar las manos del asunto, y en ocasiones llegan a negar la atención médica”.

Sobre las cifras, ambos activistas advirtieron que los casos anuales consignados y juzgados no pasan de un puñado anual, menos de 5, incluso en 2014 sólo se tuvieron registrados tres, “pero es algo extremadamente común, “si a nosotros como asociación nos llegan unas 10 personas buscando informes sobre el tema, adolescentes y amas de casa, porque no es exclusivo de una edad o una condición socioeconómica, y a las demás asociaciones llegan cantidades semejantes, y además se agrega que sólo es una pequeña fracción la que se acerca a informarse, las cifras fácilmente pueden superar el ciento, o más”.

JSL
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