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Los opositores a basurero industrial anuncian demanda contra Semarnat

Jorge Torres

El presidente del comité opositor al confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Santo Domingo, Mario Vázquez Vallejo, informó que los permisos obtenidos por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV están plagados de irregularidades, puesto que en 2012, en los últimos días de esa administración del  ayuntamiento, se aprobó un cambio de uso de suelo sin contar con uno de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y sólo con la firma del alcalde, el secretario general y el síndico, lo cual es ilegal, pues no fue aprobado por el Cabildo de ese entonces.

Ante esto se anunció una demanda de tipo administrativo contra la delegación de Semarnat en San Luis, por haber autorizado en 2014 el proyecto de impacto ambiental sin que la empresa informara a la ciudadanía.

“Ese cambio de uso de suelo lo va a anular la actual administración municipal, por lo cual se va a ir a avisar a Semarnat para que esta a su vez le avise a la empresa; esto conlleva que haya más tiempo para ver los permisos que se dieron a la empresa por parte de Semarnat, pues se han encontrado mentiras en los permisos, no se hizo la encuesta pública, las coordenadas del lugar no coinciden con el proyecto presentado, por lo cual la Semarnat estuvo rechazando la propuesta pero no se entiende cómo ahora se dio el permiso si la empresa ha llevado la misma papelería, esa es una de las cosas que tenemos a favor, vamos a dialogar el próximo lunes con los abogados a ver qué se puede hacer al respecto”, dijo el afectado.

Señaló que no hubo acta informativa del cambio de suelo, por lo cual como se hizo “en lo oscurito” pues esto favorece, este cambio de uso de suelo anula el permiso que dio Semarnat con antelación, por lo cual habrá más tiempo para revisar el proyecto y encontrar las fallas que hay para impedir la construcción del tiradero.

Vázquez Vallejo mencionó que actualmente en el área donde se pretende realizar el tiradero no han comenzado trabajos de construcción, pues la empresa sólo está removiendo la flora del lugar y reubicándola, una especie de preparación del terreno para la eventual construcción.

En ese sentido destacó que el sentir de los habitantes de las comunidades afectadas, tanto de los municipios de San Luis Potosí como los de Zacatecas, es que no se instale un tiradero en la zona, incluso advirtió que si se llega a aprobar este proyecto, agotando todas las instancias legales posibles, se amotinarán en el lugar, incluso cerrarán caminos para evitar que se construya el tiradero y eventualmente que se traigan los desechos tóxicos. “En las comunidades de Zacatecas de igual manera están con nosotros; vamos a bloquear todas las posibles llegadas en donde puedan construir o llegar”.

En cuanto a gobierno y Congreso del Estado dijo que ambos se han negado a apoyarlos, algunos diputados ni los quieren escuchar. Señaló que inclusive el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, ha declarado que si todo está listo pues en ese lugar se tiene que depositar los desechos, esto quiere decir que ni siquiera ven las irregularidades, “esto nos da atender que no hay mucho apoyo de parte del Gobierno Estatal”.

Asimismo, dijo que no ha habido respuesta a la queja que hicieron hace un mes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo cual dijo esperar que el próximo lunes, cuando vengan los afectados a la capital, haya una respuesta, mientras tanto seguirán con la parte jurídica.

Es de señalar que el empresario José Cerrilo Chowell es quien pretende operar el tiradero en un predio de 600 hectáreas de su rancho Palula, para lo cual ofrece a concesionarios mineros del centro y norte de México confinar hasta 185 mil toneladas anuales de desechos industriales peligrosos que contienen cianuro, arsénico, cromo, cadmio y mercurio, entre otras sustancias dañinas para la salud y el medio ambiente.

Según los inconformes, Cerrillo Chowell omitió realizar una consulta pública en el municipio de Santo Domingo entre la población que podría resultar afectada, y a pesar de esta omisión la Semarnat aprobó el proyecto el pasado 20 de junio.

JSL
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