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Maestra de un kinder del DIF denuncia despido injustificado

 

denuncia

Lilia Díaz

Jorge Torres

Lilia Díaz Banda realizó una denuncia ante este medio por el cese injustificado de sus funciones como profesora en el jardín de niños Abasolo, de la capital potosina, el cual es parte del sistema DIF municipal.

La quejosa aseguró que fue suspendida sin justificación alguna, por lo que interpuso una demanda laboral ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, ante lo cual fue reinstalada en su puesto, pero expuso que la Sindicatura del ayuntamiento capitalino nunca le dio de alta y ni siquiera le pagaron su sueldo por tres meses, y culpó a la primera síndico, María Eugenia Rivera Fernández, de obstaculizar su trabajo, pues fue destituida nuevamente.

En un escrito dirigido al presidente municipal, Mario García Valdez, así como a integrantes del Cabildo, la maestra narró su caso y pidió la intervención del edil para que se haga justicia.

En el documento se establece la demanda laboral bajo el expediente No. 572/2013/M-5.

“Dentro del procedimiento el apoderado del ayuntamiento municipal me ofreció reintegrarme a mis labores, lo cual acepté y fui reinstalada el día lunes 2 de junio de esta anualidad, por la diligencia realizada por la actuaría adscrita al Tribunal, sin embargo a partir de esa fecha, sin explicación alguna y pese a que considero que realicé las actividades que se me encomendaban con responsabilidad y esmero, se me omitió cubrirme los salarios devengados, así como darme de alta en el servicio médico”, detalló Díaz Banda.

Despedida nuevamente

Asimismo, mencionó que, aunque realizó las gestiones correspondientes ante los representantes legales de la administración, documentadas bajos los escritos 3716 y 3717, se le siguió reteniendo el salario de tres meses, esto con independencia a que posteriormente fue despedida nuevamente sin razón alguna, por lo que se ecuentra en trámite un segundo juicio bajo el expediente laboral No. 616/2014/M-6.

Ante estos hechos, la afectada informó que el pasado 1 de septiembre de este año puso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos contra los responsables de estas acciones injustificadas en su contra, todo con fundamento en los artículos 280, fracción dos, 295 y 297 fracción dos del Código Penal del Estado, que tipifica el delito de abuso de autoridad y delito contra el derecho del trabajador.

Ante Derechos Humanos

Aunado a esta denuncia, también acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde el pasado 3 de septiembre presentó una queja, la cual fue admitida y se encuentra en su fase de investigación; en esta se señala como directamente responsable de lo acontecido a la síndico municipal Maria Eugenia Rivera Fernández, por ser ella, en virtud del artículo 75 de la Ley Organiza del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la responsable de atender estas cuestiones.

Además, reveló que la propia funcionaria le ordenó a sus personal en Sindicatura que le prohibiera el paso: “ordenó la retención de mi salario como forma de vejar mi dignidad humana, pese a que, precisamente el 1 de septiembre, cumplí los años de servicio que las condiciones generales de trabajo señalan para hacerme acreedora a la pensión por jubilación por los años prestados”, dijo.

Díaz Banda destacó que no sólo se afecta a ella misma, sino a su familia, pues una de sus hijas, Sheila Patricia Palomo Díaz, padece de incapacidad permanente total por el diagnóstico de síndrome de Silver Russell y discapacidad intelectual, enfermedades que tenían atención vitalicia desde septiembre de 2011.

Recalcó que también sale afectada su hija Lynett Guadalupe, quien tiene 11 años.

Pidió García Valdez y al Cabildo municipal tomar las decisiones que correspondan a fin de que se le haga justicia y se lleven a cabo las acciones correspondientes contra quienes se han convertido en sus verdugos.

Primero, solicitó que se le reintegre sus suelo de tres meses, además de que se le integre al servicio médico del ayuntamiento, porque al cumplir los años de trabajadora puede estar pensionada y acceder a ese beneficio para ella y sus hijas que tanto lo requieren, asimismo que se instruya al tesorero municipal, a la Oficialía Mayor y al departamento de recursos humanos para que pase de trabajadora en activo a pensionada por jubilación y se actúe en consecuencia con su nuevo status en cuanto al pago de sus pensiones mensuales y el servicio médico. Finalmente, que se hagan las investigaciones correspondientes para que se castigue a los responsables, ya sea administrativamente o, en su caso, se ejerza acción penal.

Cabe resaltar que Díaz Banda acudió a una reunión en donde estaba presente el alcalde, a quien abordó explicándole su caso y dándole los documentos requeridos, ante lo que el edil se limitó a decir que revisaría el asunto y la mandó con otra persona para que la atendiera y recibiera los papeles.

JSL
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