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Megaproyectos mineros e hídricos golpean a los pueblos indígenas

 megaproyectos mineros e hídricos

Especialista dice que a los servidores públicos les corresponde generar condiciones de diálogo informado y sensato.

Especialista pide no implementar políticas por encima de los derechos humanos

Doré Castillo

Los pueblos indígenas de México están siendo golpeados por donde uno mire a causa de megaproyectos mineros e hídricos que obtienen licitaciones a costa de sus derechos constitucionales, denunció Rachel Sieder, investigadora y profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

La académica refirió que en este tipo de proyectos las ventajas para las poblaciones indígenas y no indígenas son mínimas comparadas con las regalías que obtienen las trasnacionales que son multimillonarias, y aunadas al deterioro que generan en el entorno donde son instaladas.

Expresó que existe “esa idea de que hay que decidir si son o los pueblos indígenas o los beneficios de la nación”, la cual “es una dicotomía falsa y tendenciosa” que incentiva que sean emprendidas campañas de criminalización y desprestigio contra los líderes indígenas a quienes, por oponerse a estos proyectos, se les perfila “como en contra el progreso y el desarrollo”.

“Se tiende a señalar que se trata de minorías renuentes que son necias con sus costumbres, sin embargo toda la ciudadanía tiene que ver con lujo de detalle estos proyectos, preguntarse a quiénes benefician y en qué consiste el beneficio para la nación”, expresó.

Asimismo, consideró que “las personas saltan a defender sus derechos cuando están siendo gravemente vulnerados; no es que les guste andar en plantones en las calles por el puro gusto, sino que hay un tema de fondo que afecta sus posibilidades de reproducción de vida, y lo vemos una y otra vez tanto en la historia del país como en lo que pasa actualmente”.

Por ello, determinó que ante este tipo de circunstancias a los servidores públicos les corresponde generar condiciones de diálogo informado y sensato a fin de “no implementar políticas públicas por encima de los derechos de los ciudadanos”.

JSL
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