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Denuncian banda de funcionarios de la PGJE dedicada a extorsiones

extorsiones

extorsionesJorge Torres

Los abogados Arturo Tello Gutiérrez y Armando Rodríguez Pinal, además de familiares de personas detenidas por presuntos fraudes, denunciaron que al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) opera una banda dedicada a extorsiones, conformada por funcionarios de la Procuraduría.

Dijo Tello Gutiérrez que se inventan delitos por fraudes millonarios contra personas que ni siquiera son de San Luis Potosí y mediante el Juzgado Tercero Penal se liberan órdenes de aprehensión con documentos falsos contra inocentes y que incluso al estar recluidas en San Luis son víctimas de extorsión por parte de personas que dicen ser de la parte que demanda. Aseguró que visitadores del Consejo de la Judicatura han identificado más procesos similares a los que se denuncian en ese mismo juzgado.

Explicó que en septiembre fue contratado por Rodrigo Torres, empresario de Veracruz, contra quien giraron una orden de aprehensión, por lo cual una vez que se lleva a cabo la misma lo trasladaron a San Luis Potosí. Comentó que encontró una serie de irregularidades cometidas desde la Procuraduría a través de una agencia particular del Ministerio Público, con un módulo de abastos y averiguaciones que están integradas en escasos 30 días, todas con elementos comunes, siempre el mismo Ministerio Público, sin abogados autorizados, sin domicilios autorizados y todo basado en documentos falsos por operaciones multimillonarias, las cuales son consignadas al Juzgado Tercero Penal, que en pocos días libra la orden de aprehensión y una vez que llega el procesado le hace la declaración preparatoria, no le dan la oportunidad de tener un abogado de confianza, siempre es un abogado público y siempre llega el auto de formal prisión.

Destacó que en el inter se acercaban terceras personas, que no están incluidas en el expediente, a empezar a negociar con el procesado, incluso con sus familiares, los muchos millones de pesos de la demanda, cada vez la bajan menos, por ejemplo van bajando la oferta, si son cuatro millones, te piden un millón menos, y así va bajando, “vimos tortuguismo en el juzgado en los procesos y se ha ido complicado el proceso, en esta semana encuentro que el abogado Pinal tiene un caso espejo al que yo llevo, tramitado de la misma forma con los elementos de la misma manera”, dijo.

Ante esta situación comentó que acudieron al titular de la PGJE, Federico Garza Herrera, a quien le hicieron del conocimiento los expedientes, de los cuales no hay documentos originales, pues todo se hizo con fotocopias; se tienen así autos de formal prisión y órdenes de aprehensión. Con esta información dijo que el procurador les comentó que ya tenía conocimiento de la existencia de una banda que estaba operando a través de la Procuraduría, y a su vez terminando los procesos en juzgados penales, aunque hasta el momento no tenían identificados a través de qué agencia estaban operando.

“Nos pidió la oportunidad de investigar, tenemos la confianza, y en su oportunidad esperamos que se certifique que se trata de documentos falsos y se desista de los procedimientos penales”, indicó el abogado, quien aseguró confiar en el trabajo que haga Garza Herrera en este caso.

“Nosotros nunca hemos estado en San Luis Potosí”

Por su parte, la esposa de una de las víctimas, Imelda Ruiz, de Hermosillo, Sonora, comentó que hace 15 días ella fue por su esposo al mercado donde él trabajaba para ir a comer, una vez que eso ocurre narró que al ir en su vehículo le cierra el camino una camioneta de donde bajan personas armadas señalando que tienen una orden de aprehensión contra su esposo. Al pedir explicaciones no se las dieron, enseguida trasladan a su esposo a la Procuraduría del Estado de Sonora en donde no le permiten verlo además de que le informan que su esposo ya había sido trasladado a San Luis Potosí porque le dijeron que aquí tenían una acusación por robo agravado

Explicó que la denuncia es por parte de la jefa de su esposo, quien argumenta que robó cerca de 2 millones 880 mil pesos por concepto de una venta de 96 toneladas de aguacate para el Mercado de Abastos de San Luis Potosí, situación que dijo es falsa pues ni ella ni su esposa habían estado en San Luis Potosí.

Ahora su esposo tiene 15 días recluido en el penal de La Pila, donde le piden negociar para que salga libre. “Personas se han acercado con él para negociar, le bajaron primero a un millón, después que a 500 mil pesos, y ahora están en que ofrezcamos a ver cuánto podemos dar. Somos personas de escasos recursos y no podemos dar esas cantidades, no sé por qué están haciendo esto”, finalizó.