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No se va a permitir espionaje telefónico, ya se investiga: PGJE

Confirma PGJE que intervenciones telefónicas son delito federal

Miguel Ángel García Covarrubias

Al cuestionar al Procurador General de Justicia del Estado sobre las declaraciones de los representantes del IPAC, la Barra de Abogados, la Facultad de Derecho y  de la Arquidiócesis potosina, que señalan que “el espionaje telefónico violenta los derechos humanos y no es aceptable que se den estas prácticas, además de que es muy preocupante el hecho de hacer mal uso de los equipos de intervención de dispositivos móviles”, éste coincidió con ellos y señaló que efectivamente se trata de un delito grave que ya se está investigando.

Miguel Ángel García Covarrubias dijo que a todos preocupa las intervenciones telefónicas porque viola los derechos humanos, por lo que informó que ya se trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República, para investigar este delito.

En entrevista y al cuestionarlo sobre las  opiniones de diferentes sectores de la población, que consideran muy  preocupante la divulgación e intervención de llamadas telefónicas privadas, el Procurador dijo que es la Procuraduría General de la República (PGR) la única facultada para autorizar la intervención de llamadas, y como se trata de un delito federal, se trabaja de manera coordinada para investigar al respecto.

Refirió que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las intervenciones de comunicaciones privadas podrán ser autorizadas únicamente por los jueces de Distrito, a petición de la autoridad federal que faculte la ley, en este caso el Procurador General de la República o el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, tal y como lo establece la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Además, el delito de “intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicaran sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”.

García Covarrubias reiteró a la población que el trabajo que realiza la institución, ha sido siempre apegado a la legalidad y al respeto irrestricto de los derechos humanos, por lo que dijo que es necesario investigar las intervenciones telefónicas realizadas sin mandato judicial.