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Pide Aguilar que se revoque la concesión de alumbrado público

Aguilar

Rafael Aguilar Fuentes en el Congreso del Estado.

Jorge Torres

El activista político Rafael Aguilar Fuentes acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para presentar un juicio ciudadano contra el Legislativo para que éste revoque la autorización concedida al ayuntamiento de San Luis Potosí para concesionar del alumbrado público y la instalación de lámparas LED, pues dijo que no se puede permitir que el Municipio se endeude al doble.

“Es una autorización por parte del Congreso terriblemente lesiva para los intereses de la ciudadanía potosina al permitir que el ayuntamiento pague más del doble de lo que cuesta un producto”, dijo.

Aguilar Fuentes presentó un documento con 15 puntos, además la documentación pública, las pruebas, réplicas del contrato donde se contradice, las transgresiones a los artículos constitucionales de la Hacienda Pública del Estado, para que el Congreso realice la acción de revocación respectiva.

“Pareciera una acto ingenuo pedirle a un Congreso acostumbrado al juego de intereses, insensible, pedirle que revoque un excesos que tuvo, un acto de soborno para que Mario García haga todo de manera bruta con condiciones lesivas, pues hay sanciones muy severas contra el ayuntamiento, pues la empresa se adjudicó la capacidad de hacer el cobro total de la deuda adquirida, mil 300 millones de pesos”, dijo.

Destacó que el Decreto 953, que se publico en el Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 2015, debe ser revocado por el Congreso, pues hubo un exceso al aprobar a una autoridad pagar el doble de lo que cuesta un producto, por ello dijo que están solicitando peritajes técnicos que no se dieron, incluso señaló que la empresa Panavi no tiene registro ante la Comisión Federal de Electricidad como proveedora.

Aseguró que las corridas financieras fueron alteradas, incluso acusó a Panevi de ser “profesionales del soborno” para que rápidamente cabildos, presidentes municipales y congresos le aprueben contratos exagerados y que afectan las finanzas públicas.

Finalmente, comentó que espera que el Congreso del Estado haga su trabajo y revoque la autorización, pues hay personas como el alcalde capitalino, Mario García Valdez, y el Cabildo, quienes tienen intereses que hacen que defiendan este “contrato leonino”. Aseguró que la certeza jurídica del documento que presenta tiene todas las bases para que el Congreso del Estado revoque de inmediato el decreto 953.

JSL
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