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Activistas exigen al Congreso del Estado comprobar absolución de Rojo Zavaleta

rojo zavaleta

Jorge Torres

Un grupo de activistas en pro de los derechos de las mujeres se presentó en las oficinas del Congreso del Estado, en donde entregaron un escrito dirigido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Esther Angélica Martínez Cárdenas, en el cual manifiestan su inconformidad con el nombramiento Alberto Rojo Zavaleta como coordinador jurídico de la legislatura, esto por tener un antecedente de abuso sexual en contra de dos menores hondureñas cuando fue delegado del Instituto Nacional de Migración.

Al respecto, la consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, Arely Torres Miranda, comentó que, a pesar de que la diputada priísta aseveró que Rojo Zavaleta avaló su inocencia mediante un documento, este debe ser dado a conocer para dar certeza a este nombramiento.

“Nosotras nos dimos a la tarea de buscar un poco este documento y no lo encontramos, sin embargo encontramos que tiene una resolución por la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH), por lo cual fue destituido cuando fue delegado del Instituto Nacional de Migración, entonces nos preocupa de sobremanera que el Congreso es la instancia donde se debe de consagrar los derechos humanos, garantizar el acceso a justicia de todas las mujeres; el licenciado tiene una acusación, insisto, y una recomendación por abuso sexual a dos menores hondureñas, entonces esto nos habla de un abuso de poder sobre el poder”, dijo.

Por su parte, Marcela García Vazquez señaló que este nombramiento está vulnerando los derechos humanos en una situación que también está estableciendo el tipo de gobierno, administración y tipo de legisladores que se tienen: “nosotros estamos advirtiendo también que el posicionamiento de Esther Angélica es un riesgo para la forma en como se van a legislar las próximas leyes que el estado necesita para garantizar el derecho, los derechos humanos de las mujeres”, recalcó.

Ambas destacaron que el que Rojo Zavaleta esté sujeto a una investigación por acoso sexual, es la reafirmación de que al Congreso del Estado no le importa las prácticas de violación a los derechos humanos y entonces también está el riesgo de que no les importe la legislación internacional, que desacreditan la participación ciudadana, que no les interese el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil estén exigiendo el retiro de este nombramiento.

El documento entregado, que consta de cuatro hojas, establece, entre otras cosas, que es la responsabilidad del Congreso rendir cuentas a la ciudadanía de los actos jurídicos que realizan, y no viceversa, de tal modo que si Alberto Rojo Zavaleta se encuentra efectivamente absuelto mediante sentencia judicial de los hechos que se le atribuyen, por este conducto “pedimos que nos sea entregada por este Congreso del Estado una copia certificada por la correspondiente autoridad judicial de la sentencia absolutoria, así como copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente que sustenta dicha sentencia a fin de conocer las pruebas que se desahogaron dentro del expediente y que influyeron en el ánimo del juzgador para absolver a Rojo Zavaleta”.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Congreso, además de a la Junta de Coordinación Política, en donde se les firmó de recibido.

Las activistas dijeron que esperan una respuesta favorable por parte del Legislativo. Cabe destacar que se abordó a Rojo Zavaleta sobre este tema, pero aseguró desconocer la situación y las posturas en contra de su nombramiento, por lo que sólo declaró que más adelante dará su postura, una vez que lea el documento que fue entregado al Congreso.