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Regidor expone duda ante órdenes de aprehensión contra labastidistas

desarrollo económico
aprehensión

Gonzalo Benavente González.

El ex regidor de la administración de Victoria Labastida y hoy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Gonzalo Benavente González, dijo dudar acerca del motivo por el cual tienen orden de aprehensión los funcionarios Miguel Ávalos Oyervides, Agustín Soberón Álvarez y Emigdio Ilizaliturri Guzmán.

En este sentido, reconoció que esta cuestión nace todavía dentro de la administración del ex gobernador Fernando Toranzo: “él es quien detona que se libren estas órdenes de aprehensión, pero al final del día serán las autoridades competentes las que resuelvan si estas personas incurrieron en delitos, que determinen la gravedad de estos y que sancionen conforme a la ley, creo que esto no tiene interrogante”.

Puntualizó que hay dos temas que no quedan claros todavía para la opinión pública: “primero, lo que fue la revisión de la cuenta pública 2011, y lo que es la revisión de la cuenta pública 2012”.

Manifestó que ni siquiera se sabe cuál es el fondo por el que se liberaron las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios, por lo que detalló: “yo pienso el procurador general de justicia o el juez de la causa deberá informar a la ciudadanía a qué se refiere, de qué estamos hablando, porque en alguna había observaciones por el orden de más de 30 millones de pesos, y en la segunda se hablaba de más de 400 millones de pesos, de manera que el nivel de las fianzas que se lleguen a imponer para que en todo caso pueda salir en libertad Ávalos Oyervides, mucho tendrá que ver con el tamaño del ilícito que le imputan”.

En este contexto, indicó que a él como regidor no lo toca juzgar, sino opinar, en el sentido de que son las autoridades ministeriales, los juzgados competentes, quienes tendrán que resolver lo que sigue.

Cuestionado acerca de si las autoridades tendrían que asegurar la reparación de daño, expuso que “yo creo que aquí depende del manejo que le den, porque luego solemos encontrar procesos mal integrados que se desmoronan cuando se empiezan a analizar. Creo que aquí la opinión pública está más en el ánimo de que estén bien integrados los procesos, para que si hayan incurrido en ilícitos, se sancionen como debe ser”.

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