El gran ausente
21 julio, 2015
éxodo, Coqueteos marcelistas y el ingrato recuerdo
Patada en los dientes
21 julio, 2015

Se ha hecho en SL “lo que el terrateniente ordena”: Torre

terratenienteJaime Nava Noriega

A través de la página chatolopez.com se dieron a conocer documentos y videos en donde se afirma que las empresas Residencial La Tenería, SA de CV, Lomas de la Garita, SA de CV, Desarrollos del Pedregal de San Luis, SA de CV “y Urbanizadora Peña Blanca, SA de CV”, vinculadas a Carlos Gerardo López Medina y a la familia Rangel Lozano, nunca le pagaron al ayuntamiento la cantidad correspondiente al cambio de uso de suelo de una superficie cercana a las mil hectáreas.

De acuerdo con la publicación, al ejido Garita de Jalisco, que fue dividido por primera vez en 1994, se le han realizado hasta hoy siete subdivisiones, “sin que se les cobre nada”. Las primeras tres subdivisiones se habrían realizado en 1994 cuando las empresas Residencial La Tenería, Lomas de la Garita y Desarrollo del Pedregal de San Luis crearon las colonias Lomas del Tec I y II, Rinconada de los Andes, Miravalle; Loma Dorada, Residencial del Parque; Villantigua, Pedregal I y II, Sierra Azul y Miravalle, respectivamente.

Ya en 2003 la empresa Desarrollo del Pedregal se dividió, sin desaparecer, para crear la empresa conocida hoy como Urbanizadora Peña Blanca, SA de CV y generar la cuarta subdivisión de 620 hectáreas. Ese mismo año, afirma la publicación, se subdividieron las empresas Residencial La Tenería y Urbanizadora Peña Blanca “para crear en fusión el fraccionamiento en condominio La Loma Club de Golf sin autorización por subdividir los predios y sin autorización de fusión; con engaños falsedades y la ayuda fraudulenta del notario número 28 de San Luis Potosí: licenciado Carlos Alberto Ordóñez Vogel”.

La séptima subdivisión corresponde a la creación del fraccionamiento Miravalle dentro de las tierras de la Urbanizadora Peña Blanca. Todas las operaciones se realizaron, según la publicación, ante el notario público número 28 de San Luis Potosí.

Entre los documentos que fueron entregados a La Jornada San Luis se encuentra, con fecha de 8 de octubre del 2003, la solicitud dirigida al otrora director de administración y desarrollo urbano, arquitecto Alejandro Mata Macías, para la emisión del dictamen de factibilidad del desarrollo en condominio residencial La Loma Club de Golf. En dicho documento resalta la intención de que le sean aplicadas en su favor disposiciones legales que ya no se encontraban vigentes, en el apartado “d” de la solicitud firmada por Carlos López Medina se lee: “Así las cosas y de conformidad con el artículo 176 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, anterior a sus reformas publicadas en el Periódico Oficial en el Estado de fecha 9 de julio del 2002, en relación con el texto del mismo una vez reformado…”

También en el mismo documento presentado por El Chato López se aprecia el intento de que la autoridad considerara como “excedidas” las superficies que por ley deben ser destinadas a infraestructura y además que fueran tomadas en cuenta las pertenecientes a fraccionamientos que se encuentran a kilómetros del Club de Golf y que fueron construidas y/o donadas muchos años antes.

Autorizaciones y proyectos no coinciden

En entrevista con La Jornada San Luis, el denunciante, Jorge Torre López, hizo notar que en documentos presentados por el Corporativo Lomas ante el ayuntamiento de la capital y el Interapas se mencionan autorizaciones supuestamente obtenidas con diversos números de referencia; sin embargo, al solicitar la información sobre las autorizaciones citadas se demuestra que no corresponden a los proyectos mencionados.

Un ejemplo de ello es el escrito dirigido a Interapas con fecha 22 de septiembre del 2003 signado por Jesús Labastida Aguirre a nombre de Corporativo Lomas, en el cual, entre otras cosas, se lee: “Los requerimientos anteriores nos dan un gasto de 41.32 LTS x SEG el que deberá de obtenerse del bombeo producto del pozo “Lomas del Tecnológico” (Conforme la autorización No.BOO.00.R08.04.1/0139 de la Comisión Nacional del Agua y fechado el 11 de enero de 2002)…” Luego de haber solicitado el documento de autorización No. BOO.00.R08.04.1/0139 a la Conagua, Jorge Torre señaló que no corresponde con lo sostenido por el corporativo ya que dicho documento contiene otro asunto no relacionado a las empresas Urbanizadora Peña Blanca o Residencial La Tenería, y, además, el oficio correspondiente a ese número tiene la fecha de 26 de febrero de 2002 y no 11 de enero del mismo año, como afirmó el Corporativo Lomas.

Complicidad, omisión y/o corrupción

Torre López afirma que existe un daño patrimonial en contra del municipio de San Luis Potosí por la probable complicidad, omisión y/o corrupción de miembros de ayuntamientos que durante años hicieron “lo que el terrateniente ordena”. Destacó que en las escrituras públicas emitidas por el notario número 28 Carlos Alberto Ordóñez, “agrega y omite palabras al momento de describir la factibilidad de fraccionamiento que describe en la escritura, y dolosamente autoriza y suscribe escritura pública de dos subdivisiones y fusión a las empresas Urbanizadora Peña Blanca y Residencial la Tenería, con las cuales se crea el fraccionamiento en condominio La Loma Club de Golf pero que nunca autorizó el Cabildo de San Luis Potosí”.

Además aclara Jorge Torre que “la factibilidad de fraccionamiento se suscribe a favor de Urbanizadora Peña Blanca y el notario le agregó a Residencial la Tenería logrando con ello la fusión de dos predios sin autorización, además de que la factibilidad no es la autorización, por lo tanto el notario no podía autorizar escritura pública pero dolosamente lo hizo”.

Se hace constar que la Urbanizadora Peña Blanca es dueña de 1,944,936.30 metros cuadrados de los cuales aportó para la creación del fraccionamiento Club de Golf La Loma 1,852,493.86 metros cuadrados, por los cuales “no ha donado al ayuntamiento 19.4 hectáreas por concepto de subdivisión, así como la empresa Residencial la Tenería es dueña de 2,000,000.00 metros cuadrados de los cuales aportó para la creación del fraccionamiento Club de Golf la Loma 91,000.00 metros cuadrados por los cuales no ha donado al ayuntamiento 20 hectáreas por concepto de subdivisión, que al valor actual medio de 3,000 pesos por metro cuadrado nos da un total de 1,182 millones de pesos que esta empresa no ha pagado sólo por ese concepto”.

Denunció también la “complicidad” de ayuntamientos como en el caso de la sesión del 28 de noviembre de 2003, en donde se discutió la autorización del fraccionamiento en mención y en la cual el entonces regidor, Rafael Aguilar Fuentes, hizo constar en el acta de Cabildo que existía un decreto del 7 de octubre del 2000 que en su artículo 202 dice: “si se subdivide un terreno urbano como el caso del Desarrollo del Pedregal que por acuerdo de la asamblea forma la sociedad urbanizadora Peña Blanca, y este terreno es superior a los 5,000 metros, tiene la obligación de ceder, aparte del 15 por ciento el 10 por ciento en áreas de donación, equipamiento urbano, entonces no se puede autorizar ningún fraccionamiento pues hubo una subdivisión de ese predio, entonces le deben al ayuntamiento 200,000 metros cuadrados…”

Amenazas al denunciante

Torre López relató que, aparentemente, como consecuencia de la “labor” que ha realizado investigando el daño patrimonial que se le ha causado al ayuntamiento de la capital, hace aproximadamente un mes, poco después de salir de su domicilio, un vehículo negro le cerró el paso en varias ocasiones provocando que se saliera del camino, razón por la cual se bajó de su vehículo para encarar a la persona que había provocado dicha situación y para su sorpresa “bajaron tres personas del coche con mariconeras y pistolas, entonces les dije: ‘no ya, está bien, ahí muere, ahí muere’ pero se acercaron y me cachetearon y me zapearon. Después cuando ya estaban por irse uno de ellos volteó y me dijo ‘ya deja de estar publicando mamadas o te va a cargar la verga’”.

Finalmente, Jorge Torre dijo que su mayor interés es que se haga justicia y que “ojalá la ciudadanía reaccione y le exija al ayuntamiento que se defienda del daño que se le está causando que, finalmente, es en perjuicio de todos”.

JSL
JSL