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Jorge Torres
A pesar de que el gobernador, Juan Manuel Carreras López, señaló que desconocía las presiones que indígenas han manifestado para que se avale la nueva consulta hecha por el gobierno del estado, integrantes de diversas comunidades de la Huasteca potosina denunciaron que sigue la campaña de descrédito y presiones contra las etnias que exigen respeto a sus derechos. “Él responde con más simulaciones para defender omisiones e incumplimientos de sentencia”, señalan.
De acuerdo con información dada a conocer por representantes indígenas, autoridades de ejidos y comunidades, el Observatorio Mesoamericano y el ejido Chimalaco, el director de Instituto de Desarrollo Humano y Social de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), Raúl González Vega, y su subdirector jurídico, elaboraron y presentaron a directores de asuntos indígenas municipales un escrito, que quiere que las comunidades asuman como propio, y “forzosamente” les firmen en hojas en blanco. Con este escrito pretenden utilizar a las autoridades comunitarias como terceros perjudicados ante la juez tercero federal, pretendiendo evitar lo que es evidente, el incumplimiento de la sentencia que obliga a una consulta directa a comunidades indígenas tének, náhuatl y xi ui, así como a comunidades mixteca, mazahua, triki y con la población wixárika, todas reconocidas por el artículo noveno de la Constitución potosina.
Aseguran que este escrito busca desacreditar a quienes han defendido su derecho pleno a la consulta en las 394 comunidades registradas, cuando el gobierno sólo consultó a 43. También señalan que el gobierno del estado, con “falsedad”, descalifica la expresión de defensa de los indígenas, y además intenta forzar a funcionarios municipales a que obtengan firmas y sellos de las autoridades comunitarias, incluso sin considerar la opinión de los presidentes municipales. “Personal de Indepi ha venido recorriendo municipios dando órdenes y, en contados casos, obteniendo una respuesta negativa contundente, negándose los funcionarios municipales a ser cómplices de sus abusos de autoridad”, señalan los indígenas.
Destacaron que todo esto inició el día 27 de marzo en Axtla de Terrazas, donde directores y responsables de asuntos indígenas de la Huasteca fueron convocados y reunidos, en su mayoría por personal jurídico del Indepi, por indicación verbal del gobernador. El tema central de la agenda fue el cuestionamiento que frente al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, hicieran representantes indígenas al gobernador en el marco del seminario internacional sobre el derecho a la consulta.
“En esta reunión se confirmó la estrategia a seguir para desacreditar a los inconformes mediante la prensa, radio local y forzar a toda costa el aval de las comunidades al Plan Estatal de Desarrollo por medio de firmas y sellos de autoridades de comunidad para usarlos dolosamente como terceros perjudicados”, señalaron los indígenas, quienes lamentan que mientras el gobernador “elude y miente” esconde la mano para “atizar la hoguera”.
