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Trabajan protocolos de actuación contra hostigamiento y acoso sexual en ámbitos laboral y educativo

sexual

Por Ana Luisa Guerrero

México, DF. 14 de septiembre de 2015.- En México, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. En el estado de San Luis Potosí, 43 de cada 100 mujeres han padecido eventos violentos, reporta la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada en 2011 entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Para hacer frente a este problema desde una perspectiva académica, el Colegio de San Luis (Colsan), en colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), desarrolla el “Protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual en los ámbitos laboral y escolar”.

A cargo de la doctora Oresta López Pérez, esta investigación elabora un programa institucional para promover la igualdad de género en el sistema educativo y un protocolo para que funcionarios de la SEGE sepan identificar y sancionar esos delitos, así como para implementar acciones de prevención.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la investigadora detalla que de este proyecto —al que define de acompañamiento— surgirán tres documentos que guiarán la construcción de una política pública con perspectiva de género y que originen instrumentos y herramientas adecuadas para desarrollar nuevas prácticas de convivencia institucional.

Y es que, en colaboración con los comités de cultura institucional al interior de la Secretaría de Educación, realizan actividades de sensibilización con una perspectiva alineada a la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre las que destacan cursos, talleres, seminarios, conferencias y diplomados, así como asesorías especializadas en materia legal, psicológica y de género.

La investigadora, que forma parte del Programa de Historia del Colsan —integrante del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)—, señala que en esta investigación cualitativa, que tiene un formato de pesquisa-acción, se atienden problemas específicos que enfrentan en el sector educativo, en formas reflexivas y colaborativas para fortalecer las capacidades de las instituciones en la comprensión de la perspectiva de género y colocar así, en la agenda pública, temas no visibles anteriormente, como por ejemplo la violencia de género.

“Ese es el tipo de acompañamiento que damos, siempre con una metodología colaborativa, porque no somos los asesores que entregan un informe ya hecho, sino que organizamos talleres para que participen en la elaboración de los protocolos y las propuestas”, indica.

Cifras violentas

La violencia contra la mujer también se focaliza en el ámbito educativo. Los datos de la Endireh revelan que en San Luis Potosí entre los principales actores de las agresiones hacia las mujeres se encuentran las mismas autoridades escolares, como directores, coordinadores y maestros, según lo declaró 47.7 por ciento de las encuestadas.

Asimismo, muestran que en la entidad, del total de mujeres encuestadas que asisten o asistieron a la escuela, tres por ciento padeció algún incidente de violencia escolar, como haber sido denigradas, humilladas, ignoradas o menospreciadas por su género; también recibieron propuestas de tipo sexual a cambio de mejores calificaciones, agresiones físicas, obligadas a tener relaciones sexuales o fueron objeto de castigos por negarse a determinadas pretensiones.

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Los números muestran que la violencia escolar se presenta en forma de castigos corporales, psicológicos, humillaciones y agresiones sexuales; sus consecuencias son extremadamente negativas tanto en la autoestima como en el plano social y emocional, pues afectan la capacidad de concentración, el rendimiento y el éxito académico, factores que influyen en el abandono escolar.

De acuerdo con López Pérez, la violencia sufrida en el sistema educativo se basa en el abuso de poder que generalmente es ejercido por aquellas figuras que representan alguna autoridad, sean directivos o docentes, aunque también proviene de personal administrativo o de los compañeros. Las víctimas son en su mayoría mujeres y niñas.

En busca de un modelo integral

El protocolo para la atención del hostigamiento y acoso se construye desde una perspectiva integral debido a que se plantea un marco jurídico internacional, nacional, estatal y sectorial, oresta lopez perez02con un enfoque de respeto a los derechos humanos; otro desde la perspectiva de género y también un reconocimiento de la interculturalidad. La expectativa es que este protocolo forme parte de la cultura institucional y que se incluya en la normatividad y estructura de la SEGE.

Por tal motivo, en su contenido incluye un marco conceptual, plantea los ámbitos de actuación, prevención, difusión, capacitación, protección y el procedimiento para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual que sean denunciados ante la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Prevención y Atención al Educando de la Secretaría.

López Pérez refiere que en este trabajo participa un grupo de abogados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se hace cargo de la investigación jurídica para incluir las leyes y los códigos penal y civil nacionales y estatales, así como una investigadora internacionalista del Colsan que analiza los compromisos internacionales que México ha signado en materia de derechos humanos, de igualdad entre mujeres y hombres, de no discriminación, así como de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual.

“Estamos conformando un documento que hasta ahora no existía en ninguna otra institución de San Luis Potosí, que incluye un marco conceptual, un marco jurídico y los ámbitos de cómo se puede actuar para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual”, añade.

La investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II, detalla que el documento permitirá visibilizar los problemas que se presentan en la dependencia para cambiar ese tipo de prácticas, “empezando por las autoridades, quienes tienen que asumir estos cambios en los espacios laborales y por supuesto ellos juegan un papel importante para aplicar las sanciones en caso de que se incumpla”, dice.

El proyecto lleva adelante diversas actividades para garantizar que los documentos y el protocolo generen consensos, por ello en los cursos y talleres participan las responsables del comité y sus enlaces, quienes son las encargadas de llevar el conocimiento que adquieren a sus departamentos, para que se comience a dar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y prevención de la violencia de género.

Cultura de respeto a los derechos humanos

colsan acoso sexualLópez Pérez indica que para acercar el contenido del protocolo a trabajadores y profesores realizarán jornadas de información con la distribución del documento.

“Este tipo de ejercicios formativos tiene por objetivo poner a pensar a los trabajadores sobre sus comportamientos en la convivencia cotidiana; para que las maestras que han sido víctimas de acoso sepan qué hacer y para que las autoridades asuman su responsabilidad para favorecer ambientes profesionales adecuados”, añade.

Detalla que para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito escolar, es prioritario que la investigación-acción se proponga incidir en el sistema escolarizado a fin de que el protocolo pueda llegar a niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica.

Bajo esa perspectiva, los esfuerzos de académicos del Colegio de San Luis también se han dirigido desde 2012 a fortalecer capacidades de más de 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales de San Luis Potosí, dirigidos al establecimiento de protocolos básicos para atender a las mujeres víctimas de violencia. En este sentido, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han contribuido a adaptar protocolos nacionales al marco estatal para la aplicación de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.