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Viable, fincar juicio político contra el gobernador, advierten abogados

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Agencia de BMW en San Luis Potosí.

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“Es el Congreso del Estado el que tiene que validar un contrato de esa naturaleza debido a que su extensión afectaría a gobiernos posteriores, por lo que sí se podría configurar un juicio político contra Fernando Toranzo”, señaló Martín Vaca Huerta. Por su parte, el jurista Santiago Camacho Muñoz expuso que aún no hay viabilidad para un juicio político, pero si se obliga a transparentar el modo en que se planea gastar el dinero solicitado, o si se pedirá crédito, o si se investiga de dónde saldrán los fondos para esto, sin duda que se encontrarán bases suficientes para una medida de esta naturaleza, incluyendo esa prerrogativa en la que la manufacturera tiene via libre para retirarse cuando desee; esto respecto al acuerdo entre la BMW y el gobierno del estado firmado desde julio y que apenas hace unos días fuera filtrado a La Jornada.

“No es un tema para tomarse a la ligera; comprometer al estado en un plan que superaría los límites de su propia administración sí puede implicar al gobierno estatal, encabezado por Fernando Toranzo, en un eventual juicio político. Debemos entender que este tipo de acuerdos deben firmarse tras la aprobación del Congreso del Estado”, declaró el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Martín Vaca Huerta, quien aclaró que, aún cuando es necesario esclarecer la veracidad o validez de los documentos filtrados, la posibilidad de que un acuerdo así se firme o aplique es grave para la administración estatal.

Al mismo tiempo, Santiago Camacho Muñoz, presidente de la Asociación Potosina de Abogados, opinó, tras analizar los oficios revelados por La Jornada, que aunque a primera vista no se ve una causa del todo factible para establecer un juicio político en contra de Fernando Toranzo, sí da pie para que se investigue a fondo el asunto: “y en esa investigación que debe hacerse, es donde aparecerían las causales, porque en los documentos no aparece ni el origen ni el destino claro de ese dinero”, sostuvo.

“Si el origen de esos tres mil 500 millones son los impuestos, y sólo los impuestos, se está cayendo en una ilegalidad, pues por ley no se pueden etiquetar impuestos para una sola cosa específica, sea de la naturaleza que sea, pues le están quitando al resto de la población la posibilidad de verse beneficiada por los impuestos cobrados. De la misma forma, al no explicarse el modo en que se efectuarían las obras, si se concursarían, si se adjudicarían o a quiénes, igualmente se cae en una ilegalidad. Es un tema que podría dejar al descubierto muchos manejos irregulares, de investigarse a fondo”, recalcó.

También hay que revisar el asunto de las obras, pues advirtió que “no hay nada donde se diga por qué se cotiza en ese costo, no se sabe ni a quién se dan; tampoco se aclara el asunto de las supuestas becas de capacitación, tampoco en el plan de egresos del próximo año se ha incluido de dónde se obtendrían esos fondos, incluso hace unas semanas se les cayó el alza al Impuesto Sobre la Nómina”.

Agregó que, “aunque quisiera decir que no se atreverían a pedir un nuevo megacrédito para solventar este acuerdo, ya nada nos debe sorprender con este tipo de gobiernos, cuando en 24 horas son capaces de aprobar cuestiones semejantes, como se ha demostrado en otras ocasiones. Si a esto agregamos el hecho de que esté firmado en Los Pinos, el problema se hace más grande, pues incluso, si no se cumple el acuerdo como en el mismo documento se dice, la empresa se podría retirar con todo y sus empleos porque no se está cumpliendo con un acuerdo firmado. Esto sería un duro revés para el gobierno estatal, y más luego de todo el dinero y tiempo que se ha invertido con este tema”.

JSL
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